El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó ayer una resolución que habilita las operaciones de la Unión Europea (UE) contra el tráfico de inmigrantes y autoriza el uso de la fuerza para detener los buques de las mafias frente a las costas de Libia.

La resolución 2240, negociada durante meses y finalmente aprobada con 14 votos a favor y la abstención de Venezuela, autoriza por un año a las fuerzas europeas a inspeccionar, capturar e inutilizar en alta mar barcos sospechosos y da soporte jurídico a la fase activa de la operación naval "Sofía" (implementada contra las mafias migratorias en aguas del Mediterráneo) puesta en marcha esta semana.

A priori, la UE no necesitaba el visto bueno de la ONU para esta segunda etapa de su operación, pero el apoyo del Consejo de Seguridad ofrece a sus acciones legitimidad internacional, informó la agencia de noticias EFE.

El texto se basa en el capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas y, por tanto, autoriza el uso de la fuerza con el fin de frenar el tráfico de migrantes en el Mediterráneo y de proteger las vidas de quienes tratan de llegar a Europa.

Ese punto dificultó las negociaciones del texto, ya que Rusia, Venezuela y los países africanos expresaron inicialmente dudas, entre otras cosas, por la posibilidad de que fuese utilizado con otros fines.

Esas naciones han acusado repetidamente a las potencias occidentales de utilizar una resolución aprobada en 2011 por el Consejo de Seguridad para proteger a los civiles en Libia como base de la campaña militar que terminó con el asesinato de Muammar Kaddafi, ese mismo año, por lo que exigieron garantías de que eso no podía volver a ocurrir.

Venezuela, el único país que finalmente se desmarcó en la votación, dijo que se abstuvo al considerar que la crisis migratoria en el Mediterráneo se está "abordando de una forma completamente equivocada", con un "enfoque militar" que solo la empeorará.

Chad en tanto, agradeció a Reino Unido, impulsor de la resolución, su "flexibilidad" para modificar el texto teniendo en cuenta las preocupaciones de los Estados miembros.

El embajador británico, Matthew Rycroft, subrayó que las operaciones contra los traficantes de personas no resolverán todo el problema, pero sí debe ser parte de la solución y deja claro que nadie se podrá enriquecer aprovechándose de la desesperada situación de otros.