La capital

BUENOS AIRES.- La comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados emitió ayer tres dictámenes, uno de mayoría de la oposición, y dos en minoría para elevar el mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias, a partir de 2010.

Los dos iniciativas en minoría corresponden al diputado chubutense por el Frente para la Victoria, Juan Mario Pais, y la otra del legislador por Proyecto Sur, Claudio Lozano que plantea una reforma más amplia.

El vicepresidente de la Comisión y diputado jujeño por la UCR, Miguel Ángel Giubergia señaló a DyN que el proyecto del arco opositor que modifica las deducciones personales del impuesto a las Ganancias sería tratado en el recinto en aproximadamente 15 días.

El legislador sostuvo que en ese lapso "hemos quedado en conversar a los fines de ver la posibilidad de llegar a consensuar un solo proyecto".

Al respecto, comentó que el oficialismo hizo algunas señales de que podría acompañar" por lo cual "vamos a hacer todos los esfuerzos para lograr un entendimiento y unificar los tres dictámenes en un solo proyecto".

"El aumento salarial entre junio de 2008 y el 2010 fue del 50 por ciento, así que cuando la Presidenta (Cristina Fernández de Kirchner) sube el mínimo no imponible en 20 por ciento, significa que hay una gran cantidad de asalariados, como los docentes que están pagando el impuesto a las Ganancias, lo que para nosotros es una irrealidad, no lo podemos aceptar", fundamentó.

Consultado sobre el costo fiscal que tendría para el Estado la modificación del mínimo no imponible -que según los cálculos del oficialismo sería algo más de 3.000 millones- Giubergia argumentó que "los recursos que recuperará el asalariado irán a mayor consumo, lo que significa más recaudación".

El dictamen de mayoría que impulsan los bloques de la oposición contempla que las personas podrán deducir de sus ganancias netas:

a) En concepto de ganancias no imponibles la suma de 13.300 pesos, siempre que sean residentes en el país;

b) En concepto de cargas de familia siempre que las personas sean residentes en el país, estén a cargo del contribuyente y no tengan en el año entradas netas superiores 13.300 pesos, cualquiera sea su origen y estén o no sujetas al impuesto:

*14.700 pesos anuales por el cónyuge;

*7.400 pesos anuales por cada hijo, hija, hijastro o hijastra menor de veinticuatro años o incapacitado para el trabajo;

*5.600 pesos anuales por cada descendiente en línea recta (nieto, nieta, bisnieto o bisnieta) menor de veinticuatro años o incapacitado para el trabajo; por cada ascendiente (padre, madre, abuelo, abuela, bisabuelo, bisabuela, padrastro y madrastra); por cada hermano o hermana menor de veinticuatro años o incapacitado para el trabajo; por el suegro, por la suegra; por cada yerno o nuera menor de veinticuatro años o incapacitado para el trabajo.

Las deducciones de este inciso sólo podrán efectuarlas el o los parientes más cercanos que tengan ganancias imponibles.

c) En concepto de deducción especial, hasta la suma de 16.600 pesos cuando se trate de ganancias netas comprendidas en el Artículo 49, siempre que trabajen personalmente en la actividad o empresa y de ganancias netas incluidas en el Artículo 79.

Según el proyecto, las disposiciones establecidas serán aplicables para el ejercicio fiscal 2010, iniciado el 1° de enero del corriente año.

La jueza que Macri quiso ascender al tribunal superior renunció a la candidatura

La jueza porteña Daniela Bruna Ugolini, cuestionada desde diversos sectores, renunció a la postulación "por razones personales y familiares".

BUENOS AIRES.- La jueza porteña Daniela Bruna Ugolini, candidata propuesta por Mauricio Macri para el Tribunal Superior de Justicia de la ciudad pero cuestionada desde diversos sectores, renunció a la postulación "por razones personales y familiares".

Así lo informó ayer oficialmente el gobierno porteño, que indicó mediante un comunicado que la magistrada renunció a sus aspiraciones a través de una carta que remitió a Macri y al vicepresidente primero de la Legislatura porteña, Oscar Moscariello.

La concreción del arribo de Ugolini al tribunal había sido pospuesto a raíz de varios recursos de amparo a los que habían hecho lugar los jueces del fuero contencioso-administrativo y tributario local, Elena Liberatori, Roberto Gallardo, Guillermo Scheibler.

El conflicto se había desatado en 2009 por el plan de Macri de cubrir la vacante producida en el Tribunal Superior por la renuncia de Julio Maier postulando a Daniela Bruna Ugolini en el proceso de selección, nominación y nombramiento del juez reemplazante.

Desde los juzgados en lo contencioso administrativo se dictaron varias cautelares destinadas a suspender el desarrollo del trámite de designación de Ugolini, pese a lo cual la Legislatura convocó a la audiencia pública prevista en el procedimiento el 30 de octubre del 2009.

A raíz de ello, luego se sucedieron nuevas medidas judiciales, allanamiento de la Legislatura, secuestro del libro de Actas de la Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control y del expediente vinculado con el nombramiento, y hasta denuncias por desobediencia a la Justicia y multas a legisladores.

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