BUENOS AIRES, - La Sala Dos de la Cámara Federal porteña confirmó hoy el procesamiento del vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, por supuesta adulteración de documentación en el registro de un automóvil de su propiedad.

Fuentes judiciales informaron que los camaristas ratificaron por unanimidad el fallo de primera instancia, que dictó el juez federal Claudio Bonadio.

Y a la vez confirmaron los procesamientos de Agustina Seguín, ex pareja de Boudou, y la ex funcionaria del Registro Automotor que denunció el hecho, María Graciela Taboada de Piñero.

Ayer el vicepresidente pasó por los tribunales federales y dejó impresas sus huellas dactilares en esta causa, un procedimiento habitual que se hace con cada procesado para la debida identificación y para que el registro de reincidencia establezca si existen procesos y condenas anteriores.

Boudou está procesado por las presuntas irregularidades en la documentación de uno de sus autos, un Honda CRX Del Sol modelo 1992, que un año después fue entregado a una concesionaria de Mar del Plata como parte de un pago por una camioneta.

Allí fue adquirido por Boudou, quien inscribió el auto como propio en 2003, "con un formulario 08 falso que contiene copias de su documento nacional de identidad, con un formulario 04 con su firma verdadera y un domicilio que no era el de él, con un motor que no era el original de fábrica, y sin haber efectuado la obligatoria verificación policial", dijo la Justicia.

El vicepresidente tiene sobre sus hombros otro procesamiento por negociaciones incompatibles con la función pública y cohecho en el marco de la causa Ciccone, que instruye el juez Ariel Lijo y que también está siendo revisado por la Cámara Federal.

Lijo también lo investiga por enriquecimiento ilícito, mientras que su colega Sebastián Casanello tiene en sus manos la causa por el asesoramiento que habría prestado la empresa The Old Fund, a cargo de Alejandro Vandenbroele, a la provincia de Formosa para renegociar su deuda con el Estado nacional cuando el vicepresidente conducía el Ministerio de Economía.

Hay otras causas abiertas contra el vicepresidente: una por la compra directa de 19 autos oficiales de alta gama por parte del Palacio de Hacienda por más de $ 2,2 millones -a cargo del juez Sergio Torres-, y otra que investiga la figura de "dádivas" en donde se le imputa haber viajado en helicópteros prestados a una semana de asumir su rol en el Ejecutivo.

Se suman además la denuncia que hizo el diputado Claudio Lozano (Unidad Popular), por el supuesto uso de información privilegiada en el canje de deuda pública de 2010, comprando bonos a bajo precio, y otra por la compra de acciones con el Fondo de Garantías de Sustentabilidad cuando estaba al frente del ANSeS.