BUENOS AIRES.- El ministro de Justicia, Julio Alak, confirmó hoy el extravío de documentos oficiales sobre la ex Ciccone Calcográfica y su sociedad controlante The Old Fund que estaban en la Inspección General de Justicia (IGJ), que podrían comprometer al vicepresidente Amado Boudou, pero aseguró que fueron "reconstruidos".

"En todos los poderes, en el Ejecutivo, en el Legislativo y en el Judicial, suele extraviarse documentación o suelen sustraerla, lamentablemente", afirmó el funcionario, quien puntualizó que "en este caso, la ventaja fue que el expediente", que fue perdido en una oficina que depende de su Ministerio, "estaba digitalizado".

Alak también enfatizó que cuando "la Justicia ha reclamado la información, ha sido entregada", pero admitió que "lo que pueden faltar son antecedentes que no son de la administración pública".

En tanto, el ministro expresó que "se labraron las actuaciones sumariales correspondientes para establecer las responsabilidades administrativas que hubiera en los funcionarios de la Inspección General de Justicia" por la pérdida de la documentación.

Por su parte, el secretario de Justicia, Julián Álvarez, negó hoy que su jefe Alak, esté imputado en una causa penal por el extravío de los documentos oficiales.

"No hay una situación judicial de Alak", aseguró el viceministro de Justicia y agregó, además, que "es falso" que el titular de la cartera de Justicia no haya radicado una denuncia sobre la falta de esos documentos porque, aseguró, "hizo un sumario administrativo".

De todos modos, Álvarez reconoció que durante 2011 "tres expedientes" referidos a la ex Ciccone Calcográfica que estaban en la IGJ, que depende del Ministerio de Justicia, "desaparecieron" aunque destacó que luego "se encontró uno mal encasillado y dos se reconstruyeron".

Los documentos "están totalmente reconstruidos porque se extravió el soporte papel pero estaba digitalizados en soporte magnético", indicó y aseguró que "eso ya está presentado" en la Justicia federal.

Álvarez intentó restar importancia al asunto comentando que al igual que lo ocurrido en la IGJ "en cualquier juzgado pasa que hay expedientes que se extravían" y aseguró que luego "se reconstruyen".

El martes pasado la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme un fallo que obliga a la IGJ a satisfacer un pedido de información pública sobre la sociedad ex Ciccone Calcográfica, que supuestamente quiso comprar Amado Boudou, por lo cual el vicepresidente de la Nación terminó procesado.

El fallo del máximo tribunal del país rechazó un recurso extraordinario del Estado, al confirmar una resolución de la Sala V de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, en un pedido de información hecho por el ex ministro de Justicia del gobierno de la Alianza, Ricardo Gil Lavedra, contra el Ministerio que conduce Alak.