Efectivos de la Policía Metropolitana fueron comisionados por Bonadio para presentarse ante la Administración Federal de Ingresos Públicos para recabar esa información, en el marco de la causa en la que se investigan presuntas irregularidades en la empresa Hotesur S.A., que administra el hotel Alto Calafate, perteneciente a la jefa de Estado, informaron fuentes judiciales.

En el caso del ex presidente Kirchner se trata de sus declaraciones juradas entre los años 2008 y 2010, cuando falleció.

Desde la AFIP, su titular Ricardo Echegaray aseguró que "toda la información que piden siempre se ha entregado a los juzgados" y tras evitar pronunciarse sobre si la empresa Hotesur mantenía alguna deuda con ese organismo, reiteró "que al juzgado le informamos todo".

La medida ordenada por Bonadio tiene que ver con las declaraciones de impuestos a los Bienes Personales y a las Ganancias e involucra también a Martín Báez, hijo del empresario kirchnerista; a integrantes de la sociedad Hotesur, entre ellos Romina Mercado (hija de la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, hermana del extinto mandatario) y directivos de Valle Mitre, una firma también vinculada con Lázaro Báez.

Si bien la denuncia que formuló la diputada opositora Margarita Stolbizer (GEN) no tenía relación con Lázaro Báez sino con irregularidades registrales y contables de Hotesur, el juez dispuso ampliar la investigación y llevarla hasta el vínculo entre la familia presidencial y el empresario santacruceño.

Mientras se cumplía la orden de Bonadio, en el Consejo de la Magistratura el representante del Poder Ejecutivo, el viceministro de Justicia, Julián Alvarez, presentó una denuncia contra el juez por presunto mal desempeño de sus funciones y pidió su juicio político.

Alvarez acusó a Bonadio de "extorsionar" al Consejo porque en cinco oportunidades en las que el órgano tomó decisiones sobre él, adoptó medidas en causas contra distintos funcionarios públicos, entre ellos el vicepresidente Amado Boudou, el ex secretario de Comercio Guillermo Moreno, el ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina y el ex ministro de Justicia Horacio Rosatti, además de la Presidenta de la Nación.

"Claudio Bonadio es un extorsionador, un pistolero, que está utilizando las causas judiciales como la (pistola) Glock que tiene en su casa", sostuvo el número dos del Ministerio de Justicia de la Nación al hablar antes los periodistas en el Consejo, repitiendo frases que ya había manifestado días pasados.

"Todo el mundo sabe que Bonadio es un juez de la servilleta de (el ex ministro menemista de Interior Carlos) Corach, un pistolero, no tiene antecedentes para ser juez de la Nación", disparó nuevamente.

Y recordó que el magistrado en su momento debió apartarse de  una de las causas que llevaba -sobre el atentado terrorista a la mutual judía AMIA-, porque "no quiso llamar a declaración indagatoria a Corach" ya que, sostuvo, "responde a él".

La semana pasada Bonadio allanó un departamento en la calle Lavalle al 900 de esta capital, donde según los registros funcionó la sede fiscal de Hotesur. Pero el lugar estaba vacío y ninguna documentación de relevancia obtuvo en ese procedimiento.

Por esa decisión, el juez fue cuestionado por el kirchnerismo y el activista Luis D'Elía pidió que "simbólicamente" se ponga "su cabeza en una pica" frente a los tribunales federales.

Esta semana la presidenta Cristina Kirchner reveló en su cuenta de Twitter que Bonadio tiene el 20 por ciento de una empresa que, como Hotesur, tampoco presentó sus últimos balances ante la Inspección General de Justicia (IGJ).

Entonces el senador del Frente para la Victoria Marcelo Fuentes denunció a Bonadio por los delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de activos, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La denuncia fue sorteada hoy y quedó a cargo del juez federal Julián Ercolini.