Paritarias es la palabra que comienza a ganar terreno en los medios de comunicación y que adquiere una especial significación en este ciclo signado por la alta inflación y el también alto voltaje político de un año eleccionario.

Los gremios lanzaron pretensiones de porcentajes de aumento salarial de todos los colores, pero a nadie se le ocurre descender de la línea del 30/35 por ciento. Más aún, algún "atrevido" hasta se animó a reclamar públicamente 50 por ciento, cifra que por cierto no terminará plasmada en el acuerdo final.

Otro punto fundamental en las negociaciones que ya se vienen desarrollando bajo cuerda a creciente velocidad es el plazo de vigencia de las mejoras que se pacten cara a cara.

En virtud de las fundamentales elecciones de octubre, los sindicatos no quieren que las cosas se dilaten demasiado, como se permitieron hasta ahora.

Concretamente, todos desean el escenario ideal pero improbable en la mayoría de los casos: que el aumento se otorgue en un solo pago.

El paso siguiente es entonces pugnar por dos cuotas, a efectivizarse antes de fin de 2015. Y en caso de que se endurezcan las tratativas, lograr dos tramos altos a diciembre y el "puchito" restante para enero, a más tardar.

De todas maneras, en las actuales circunstancias políticas y económicas arriesgar resultados a esta altura es algo así como practicar futurología.

Por ello varias organizaciones -las más poderosas, sobre todo- han pactado alguna recuperación a cuenta mediante cifras fijas (algunas fraccionadas) que luego, ya es casi una tradición, forman parte de las negociaciones.

Es probable que también haya sindicatos con actividades que no han decaído demasiado y con espaldas económicas sólidas que puedan intentar, tras el cobro de esos anticipos (generalmente no remunerativos), hacer borrón y cuenta nueva.

En esta actual etapa de negociaciones aparece otra particularidad: los gobiernos de todas las jurisdicciones pujan fervientemente para resolver las discusiones con los gremios de los trabajadores estatales y transitar el año sin conflictos.

Ello se da particularmente en el caso de los docentes, y hay un claro ejemplo con las provincias que ya han otorgado los aumentos salariales y las negociaciones febriles en la Buenos Aires de Daniel Scioli y la Capital Federal de Mauricio Macri, dos de los presidenciables. Lo mismo ha hecho, un poco antes que ellos, el gobernador cordobés José Manuel De la Sota, otro de los que pretende llegar a la Casa Rosada.

En cuanto a los empresarios privados, que también manejan sus propias realidades a la luz de la caída de la actividad en diversos rubros, las tratativas de los estatales van a repercutir en ese ámbito.

Ocurre que se anuncian en el sector público porcentajes que, como se ha visto estos días, pueden llegar hasta el 40 por ciento. Entonces esas cifras, más allá de que en el fondo tienen sus bemoles y no son homogéneas, actúan como caso testigo.

Y así, como ha ocurrido al menos en un par de los últimos ciclos, los maestros, que paradójicamente tienen salarios deprimidos, terminan siendo tomados como ejemplo por otras actividades en las que los sueldos son superiores en varios miles.

Otro caso testigo en estas instancias será también el gremio de Camioneros, de Hugo Moyano, que hábilmente ha logrado establecer los vencimientos de su paritaria hacia mediados de año.

Al tener que negociar para junio, Moyano afronta siempre un claro panorama de cómo viene el año y las perspectivas para la segunda mitad. Eso le da margen para un eventual nuevo reclamo post-fin de año en caso de desacomodamiento de la situación.

Claro que también subyace el riesgo de que si Moyano logra un ventajoso acuerdo -como lo hace habitualmente- otras organizaciones, especialmente aquellas que pueden hacer daño con sus medidas de protesta, se "suban" al camión y presionen para lograr actualizaciones.

Otro punto que siempre está presente en las discusiones es el Impuesto a las Ganancias, un clásico de los últimos años, ya que el voraz tributo suma víctimas al cabo de cada negociación donde se acuerdan aumentos de sueldo.

Y los gremialistas están empezando a tener en cuenta otro punto del ámbito impositivo, que si bien no está directamente relacionado con los ingresos alcanza a cada vez más gente.

Se trata del impuesto a los Bienes Personales (llamado vulgarmente impuesto a la riqueza), según el cual debe ser pagado por aquellos que tienen bienes por valor superior a 305 mil pesos, más allá de que para ello se contemplen valores fiscales.

Otra cifra ridícula, que sigue sin actualizarse y, en consecuencia, suma cada año más aportantes a las arcas fiscales. Entonces, los sindicalistas pretenderán que las mejoras en los sueldos también permitan afrontar este tributo que paga una importante cantidad de gente.

Así, entonces es acertado pensar en la intensidad de la rispidez de las actuales negociaciones paritarias, alimentada en esta ocasión por el fin de ciclo de un Gobierno.

Pero en este marco, a la vez, se dará la particularidad de que las partes en pugna, sobrevivientes de varios presidentes y gestiones, dispongan administrar la disputa ante la llegada de nuevos habitantes al poder en pocos meses más y, en consecuencia, de renovadas expectativas.

(*): DyN.