BUENOS AIRES.- La presidenta Cristina Fernández disparó sobre la ley de Alianza que buscaba implementar una flexilización laboral por el pago de presuntos sobornos para su aprobación, pese a que la Justicia absolvió a todos los acusados, incluso Fernando De la Rua, y pidió investigar el papel del Gobierno kirchnerista en la aparición de un arrepentido.

Tras destacar que durante su gestión se aprobaron 48 leyes laborales, Fernández de Kirchner afirmó que los legisladores "no tuvieron que avergonzarse de ninguna" porque "no quitaban derechos" ni "estaban sospechadas de sobornos".

Muchos de los legisladores presentes estallaron en aplauso y se pusieron de pie para celebrar esas palabras.

La presidente aludió así a la causa que salpicó de sospechas de corrupción la gestión de la Alianza, y que llevó al banquillo de los acusados de De la Rua y varios legisladores.

Esa causa estuvo en manos del juez Daniel Rafecas, que esta semana decidió cerrar la denuncia que había impulsado el fallecido fiscal Alberto Nisman contra la jefa de Estado y otros por presunto encubrimiento a Irán en la causa AMIA.

El caso llegó a juicio oral y la fiscal Sabrina Namer -una de las que fue elegida recientemente para integrar la fiscalía AMIA- solicitó penas de seis años de cárcel para De la Rua, el ex jefe de la SIDE Fernando de Santibañes, los ex senadores peronistas Augusto Alasino, Alberto Tell y Remo Costanzo.

Para el ex secretario parlamentario y "arrepentido" Mario Pontaquarto, la Fiscalía solicitó un año y medio para la  Fiscalía, mientras que no se acusó por falta de pruebas al ex ministro de Trabajo Alberto Flamarique y al ex senador Ricardo Branda.

En la sentencia, sin embargo, el Tribunal Oral Federal 3 absolvió a todos los imputados, tuvo durísimas críticas hacia el juez Rafecas y denunció a testigos -como el ex jefe de Gobierno porteño Aníbal Ibarra- por presunto falso testimonio-.

Pero además reclamó que se investigara cómo había sido la "oscura" presencia de Pontaquarto en la Casa Gobierno en diciembre del 2003 antes de presentarse en la justicia.

Según consta en la causa, el entonces legislador Daniel Bravo, amigo de Pontaquarto, habló con Ibarra y éste llamó a Alberto Fernández, quien recibió al ex secretario parlamentario en la Casa Rosada.

Esa investigación, no obstante, no se puso en marcha porque el fallo absolutorio fue apelado y la decisión está en manos de la Cámara Nacional de Casación Penal.