BUENOS AIRES, - La fiscal Viviana Fein citará a declarar "la semana próxima" a los peritos forenses que representan a la familia del fallecido fiscal Alberto Nisman, y si persisten las diferencias con los peritos oficiales "corresponde que haya una tercera opinión", por lo que llamará a una junta médica, informó ayer una funcionaria del Ministerio Público.

La fiscal insistió en que deberá "evaluar todo el contenido" para analizar "qué de cierto tiene esta pericia" de la querella y "qué de cierto tiene la oficial" porque "hay muchas diferencias que no son menores para mí".

"Por eso mismo tengo que considerar en este momento en qué se amparó el cuerpo medido forense de la Corte para firmar lo que ha hecho en el informe de autopsia y el toxicológico, como así también en las testimoniales que yo he recibido", comentó Fein.

Uno de los puntos más conflictivos estará en establecer a qué hora murió Nisman, algo que ya plantea conflictos con la defensa de Diego Lagomarsino, el técnico informático de la UFI-AMIA y único imputado hasta ahora por haberle prestado el arma que dio muerte al fiscal.

La pericia oficial del Cuerpo Médico Forense "determinó la hora de muerte con una data de 18 horas máximo al momento de" ese estudio, recordó la fiscal, es decir entre las 14 y las 15 del domingo 18 de enero.

Pero el análisis de Arroyo Salgado a través de un grupo de expertos ubicó el deceso en 36 horas (+/- 4 horas) previos a la autopsia, por lo que el "homicidio" -a su criterio- se concretó en el lapso que va desde las 17 del sábado hasta la 1 de la mañana del domingo.

"No he visto a lo largo de mi actuación de 16 años nunca tanta disimilitud en criterio médico, como el tema horario de la data de la muerte o la rigidez cadavérica", dijo Fein, tras señalar que la conclusión de la pericia oficial "no es un dato que surge de la imaginación".

También dijo que "la médica legista que estuvo en el lugar del hecho dijo que la data de muerte fue entre 12 y 15 horas" y precisó que "es un tema netamente técnico-médico" que tendrá que evaluar tras escuchar a los peritos de parte la semana próxima.

Y analizará "llamar eventualmente a una junta" médica, que incluiría profesionales extranjeros, con el objetivo de que se comparen ambas pericias.

Por lo pronto, la defensa de Lagomarsino también quiere controlar los resultados del informe de la querella, mientras se quejó por las demoras en la pericia sobre las computadoras y celulares de Nisman.

El peritaje había comenzado el lunes pasado: se procedió a la apertura de los paquetes que contenían los dispositivos y la certificación de que efectivamente se correspondían con la documentación registrada en la causa, es decir una forma de constatar que se tratara de los mismos elementos.

Pero antes de que los dispositivos fueran encendidos para realizar el peritaje, la jueza Arroyo Salgado presentó un escrito advirtiendo sobre la eventualidad de que en esos aparatos existiera contenido de tipo personal de Nisman que no tuviera interés para la investigación y reclamando que permaneciera en reserva.

El peritaje quedó así frenado, aunque le alcanzó a la defensa de Lagomarsino para revelar que la computadora de Nisman habría sido usada a las 8 de la mañana del domingo 18 y no a la hora en que lo estableció la hipótesis de la querella.

"Arroyo Salgado sabe, como lo sabe un perito que ella colocó en el ámbito de la investigación de las llamadas telefónicas y las computadoras, que el domingo a las 8 de la mañana alguien, suponemos que el fiscal Nisman, ingresó a su computadora, leyó los diarios e ingresó a su casilla de e-mails", dijo Rusconi.

Tanto desde la fiscalía como desde la defensa de Lagomarsino plantearon que la exposición de la querella aseverando que se trató de un homicidio buscaba sentar la base para que el caso sea derivado a la justicia federal.

Esa sospecha también se había advertido cuando apareció una mancha negra en la frente del fiscal, sobre una foto publicada en la revista Noticias el fin de semana de su muerte.

Precisamente, esa presentación por la revista Noticias se radicó ante el juez federal Luis Rodríguez que instruye una causa por las amenazas que sufría Nisman.

Ayer, en esa causa, Arroyo Salgado se presentó para pedir que se analice si ella o sus hijas necesitan reforzar su custodia, tras sostener públicamente que su ex marido fue víctima de un "magnicidio de proporciones desconocidas que merece repuestas de las instituciones de la República".