El titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Ricardo Echegaray, aseguró ayer que el Estado argentino "necesita conocer toda la historia de esas 4.040 cuentas abiertas en la filial de Suiza (del HSBC), para saber el verdadero volumen de esos fondos, porque en vez de tener que repatriar 3.500 millones de dólares capaz necesitamos repatriar 9.000 millones de dolares".

Al exponer ante la comisión legislativa que investiga las maniobras de evasión y fuga de capitales realizada por medio de la apertura de cuentas sin declarar en la filial Suiza del HSBC, Echagaray dijo que la entidad bancaria "no puede hacer la vista gorda" y "decir que no tiene nada que ver" en el tema.

Echegaray volvió a reiterar que Argentina "quiere que vuelvan los 3.500 millones dólares de fuga de capitales" pero lo mas "importante es saber el verdadero volumen de esas cuentas porque capaz que tenemos que repatriar 9.000 millones de dólares".

El funcionario señaló que el banco "no puede escudarse en que no conocían nada porque desde allí se armó una plataforma para facilitar la evasión fiscal y fuga de capitales".

En ese sentido, Echegaray dijo que el HSBC "no cumplió con ninguna de las políticas de control fiscal, generó una operación de cabotaje con facturas apócrifas, y realizó asistencia expresa para facilitar este mecanismo de evasión, como surge de la propia documentacion que envio Francia".

Relató que "muchos de esos contribubyentes eran pequeños, medianos y grandes contribuyentes que muchos luego de conocer la apertura de esas cuentas en la filial Suiza presentaron rectificaciones de sus declaraciones juradas".

Dijo que muchas de esas cuentas en el 2005 estaban a nombre de personas físicas "pero en el 2006 cuando el tecnico Hever Falciani se fue del banco, se transformaron en sociedad off-shore, que luego se detecta que esos grupos están a nombre de las mismas personas".

Detalló que 2.500 de estas cuentas son de personas físicas o jurídicas con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires.

En su explicación Echegaray dijo que "mal que le pese a la opinión de muchos juristas, la Argentina siguió un camino profesional y legal, por medio del marco del convenio entre Argentina y de Francia para evitar la doble imposición".

Ese mescanismo es el que le permitió al país acceder a la información que Falciani -un ex empleado del HSCB Suiza- aportó al gobierno galo y que luego fue entregado a Argentina con datos sobre contribuyentes radicados en el país.