por Pablo A. Holzmann

LA PLATA (Corresponsal).- Si el Congreso de la Nación sanciona el proyecto enviado ayer por el Ejecutivo y las elecciones legislativas de este año se adelantan de fines de octubre al 28 de junio próximo, las autoridades de la Justicia Electoral deberán realizar una serie de reajustes contra-reloj y los partidos políticos de la oposición tendrán que resolver sus candidaturas renunciando a las elecciones internas por falta de tiempo.

El anuncio formulado el viernes por la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, recibió numerosas opiniones a favor y en contra, aunque la mayoría estén teñidas con una lectura política de las causas que llevaron al Gobierno nacional a impulsar esta medida. Sin embargo, la decisión de adelantar cuatro meses la realización de los comicios tendrá varias consecuencias prácticas.

En principio, los plazos para cumplir con la ley electoral se presentan bastante ajustados. En el Congreso, la ley que oficialice las elecciones anticipadas debería aprobarse antes del 27 de abril, porque el 28 de ese mes sería la fecha límite para la inscripción de alianzas y frentes electorales, en tanto que el 9 de mayo sería el tope para la presentación de las listas de candidatos.

Los mismos plazos estarían vigentes en la provincia de Buenos Aires. Hasta el 30 de marzo habrá tiempo para presentar nuevos partidos políticos, fuerzas municipales y vecinalistas. Dos meses antes de las elecciones -el 28 de abril- vencerá el plazo para la oficialización de alianzas electorales que quisieran competir en la Provincia.

El 29 de abril se constituirá la Junta Electoral integrada por el juez federal con competencia electoral, Manuel Humberto Blanco, el presidente de la Cámara Federal de La Plata, Antonio Pacilio y el titular de la Suprema Corte de Justicia, que en ese momento será Luis Genoud.

Al igual que en Nación, hasta el 9 de mayo habrá tiempo para inscribir las listas de candidatos, y el 29 de ese mes será el último plazo para la presentación de los modelos de boletas que se utilizarán en los comicios de junio.

Modificación de padrones

Otra consecuencia formal que tendría el anticipo de las elecciones sería la necesidad de modificar el padrón de electores habilitados, que ya había sido confeccionado con todos los ciudadanos que cumplían 18 años hasta el 25 de octubre inclusive, fecha original prevista hace más de dos años. Así, sería necesario eliminar de los padrones a todos los que cumplan la mayoría de edad después del 28 de junio.

Al respecto, el diputado nacional Jorge Landau explicó que la decisión del gobierno hará necesario incorporar cambios transitorios en el Código Electoral, que establece plazos legales para distintas instancias vinculadas con los comicios.

"Hay que cuidar el tema de los padrones", advirtió el diputado del Frente para la Victoria, quien recordó que los padrones provisorios deben ser exhibidos 180 días antes de las elecciones, algo que será imposible si se elige a los futuros legisladores nacionales y provinciales en poco más de 3 meses.

Landau también señaló la necesidad de cambiar "el tiempo en el cual se les entregan los padrones a los partidos políticos" y consideró que ante "una situación de emergencia, la modificación debe ser transitoria".

En relación con los cambios de domicilio, de acuerdo con la legislación vigente, el límite para la actualización de los padrones es seis meses antes de la fecha electoral. Es decir que en caso de que las elecciones se concreten el 28 de junio, se incorporarán al padrón los trámites que se hayan realizado antes del 28 de diciembre de 2008.

Desde el Ministerio del Interior se determinó que a partir del 28 de marzo podrá realizarse la revisión de los padrones; el 12 de abril será el plazo máximo para hacer impugnaciones, y habrá tiempo hasta el 8 de junio para los reclamos en el padrón definitivo.

Sin internas

El corrimiento de las elecciones incorporó de pronto un clima vertiginoso que tendrá repercusiones directas en las definiciones políticas que deberán concretar la mayoría de los partidos de la oposición, ya sea en cuestiones de alianzas como en la negociación de las candidaturas, que muchos iban a definir en elecciones internas.

El calendario electoral implica una imposibilidad real de que el proceso de selección de candidatos pueda resolverse en elecciones internas, teniendo en cuenta el cronograma que deberán cumplimentar los partidos políticos para poder participar de loa comicios el 28 de junio.

Como un efecto secundario, la decisión del Ejecutivo nacional dio por tierra con el proyecto oficialista de reinstaurar las internas abiertas en la provincia de Buenos Aires, iniciativa que ya se estaba gestando y que recogía adhesiones en la Legislatura bonaerense.

El objetivo de esta iniciativa que estudiaban febrilmente los integrantes del Frente para la Victoria provincial, de evitar más fugas del oficialismo hacia el armado de Felipe Solá y Francisco de Narváez, perdió toda justificación. Prácticamente no queda demasiado tiempo real para negociar cambios y posibles apoyos del peronismo disidente

En el radicalismo provincial, el cambio de fechas también impactó de lleno en un proceso de elecciones internas formalmente convocado para el 10 de mayo próximo. La elección de los candidatos radicales ya no será mediante ese mecanismo, sino que el Comité Provincia de la UCR convocó para mañana a un plenario en el que se determinará qué organismos y qué dirigentes decidirán por consenso los representantes radicales que deberán integrar las listas con el cobismo y la Coalición Cívica.

Aunque esta situación será similar en el resto de los partidos políticos con representación parlamentaria, que deberán apelar a mecanismos extraordinarios como congresos y convenciones para poder cumplir con la exigencia de sus cartas orgánicas y encontrar un atajo legal para saltear las internas.