PINAMAR

Corresponsal

Tras varias instancias judiciales y discusiones políticas de por medio, el Partido Justicialista de Pinamar finalmente nombró candidata a intendente municipal para los comicios del 28 de marzo a Rosana Di Pascuale, afiliada justicialista y presidente del Concejo Deliberante, en reemplazo del destituido jefe comunal Roberto Porretti. La decisión fue tomada ayer por la tarde en el seno del consejo de partido local en una asamblea en la que por mayoría se votó esta determinación. El desestimiento de Porretti llegó a último momento luego de conocerse la presentación de un recurso de amparo en su contra que le hubiera imposibilitado ser candidato.

Minutos después de conocer la determinación, Di Pascuale manifestó que ?ésta es una decisión del consejo de partido, a mí me propusieron los compañeros de la misma línea y ya había tenido una reunión previa, pero esto es muy reciente así que mañana (por hoy) viajo a La Plata para oficializar la candidatura?. La concejal se encargó de aclarar que Porretti ?apoyaba que fuera la candidata en caso que fuera necesario?. En la votación de ayer hubo 9 votos positivos a la postulación de Di Pascuale, 1 negativo y 2 abstenciones.

Mientras se espera para hoy el cierre definitivo para la presentación de candidatos y la posterior oficialización por parte de la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires, la pelea por la intendencia de Pinamar comenzó a aclararse ayer con la decisión del justicialismo de designar otro candidato en lugar de Porretti. De esta manera, se potenciaron las chances de los principales competidores a acceder al Ejecutivo comunal tanto el vecinalista Blas Altieri, que irá con la lista 155 del MUPP, así como la radical Mercedes Taurizano que representará al Acuerdo Cívico y Social.

Las complicaciones para Porretti habían comenzado este miércoles cuando el Tribunal en lo Criminal 1 de Dolores resolvió rever el sobreseimiento provisorio que el ex intendente había conseguido en septiembre de 2008 y dispuso su procesamiento y elevó la causa penal a la instancia de juicio por el delito de extorsión. Allí se lo acusa de haber presionado a propietarios del complejo bailable Ku a pagar una coima para mantener el funcionamiento del lugar. Los empresarios presentaron como principal prueba un video grabado con una cámara oculta en lo que habría sido una reunión entre ambas partes en el despacho municipal para sellar el acuerdo.