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Publicado el 06/03/2010

Recomiendan medidas para un mejor funcionamiento de los geriátricos

Modificaciones en la ordenanza que regula el trabajo de Inspección, mayor personal para el control de establecimientos, actualización de la información en la página de la comuna y acciones de concientización, fueron algunos de los pedidos.

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La Defensoría del Pueblo elevó a la Municipalidad una serie de recomendaciones tendientes a mejorar el funcionamiento y control de los geriátricos en el partido de General Pueyrredon. Las sugerencias, que surgieron de un trabajo de más de dos años de la Defensoría, con distintas áreas de la comuna, PAMI y IOMA, incluyen la modificación de una ordenanza, la incorporación de personal para la inspección de los establecimientos y la implementación de una serie de puntos tendientes a lograr una mejor complementación del trabajo ejecutivo y judicial, siempre tendiendo a asegurar el mayor bienestar para los ancianos.

Actualmente hay en General Pueyrredon alrededor de 500 geriátricos habilitados y sólo un inspector para controlar que funcionen debidamente. Mientras, el 18% de la población local es mayor de 65 años -según datos de PAMI- y de ellos muchos son atendidos en instituciones de este tipo. Teniendo en cuenta esta realidad, varias denuncias de familiares en cuanto a la amplia variedad de precios por la atención, la falta de cupos en algunos establecimientos, la constatación del funcionamiento de muchas casas sin habilitación, entre otros problemas, el defensor del pueblo Adjunto, Cristian Azcona, inició el estudio luego de una jornada de trabajo que se realizó en el HCD en 2008.

Las recomendaciones presentadas el jueves al intendente, a las áreas de Tercera Edad y de Inspección General y al Concejo Deliberante incluyen, entre otras cuestiones, modificar tres artículos de la ordenanza 5355, que el área de Inspección General y Tercera Edad controle los geriátricos, que se actualice la página web de la Municipalidad con el listado de geriátricos habilitados, que se brinde información a través de la página web de la Municipalidad sobre los geriátricos que hayan sido clausurados y/o infraccionados, que se realice la concientización a los familiares de personas que son internadas en los geriátricos, que se brinde asesoramiento a las personas que necesitan llevar a sus familiares a los geriátricos y que incorporen más inspectores para que lleven adelante el control de estos lugares.

Azcona fundamentó al dar a conocer las recomendaciones que "jueces de Faltas municipales han ordenado tomar medidas de carácter preventivo en resguardo de la integridad física y psíquica de las personas alojadas o internadas en geriátricos que no reúnen o cumplen con los recaudos de habilitación y de seguridad establecidos por las normas de orden local".

En referencia a la falta de actualización de la página web del municipio, el defensor aseguró que "no se ha renovado desde 2007 la actualización de geriátricos y tampoco se informa cuáles han sido clausurados".

Ordenanza 5355

Desde la Defensoría del Pueblo se recomendó una modificación de tres artículos de la ordenanza 5355, que regula la actividad del personal de Inspección General.

"Actualmente las clausuras se realizan igual en un taller que en un geriátrico, pero hay que tener en cuenta que no se puede dejar a las personas que allí viven", indicó Azcona, al reabrirse a los cambios que sugirieron.

Asimismo indicó que "se recomienda el trabajo conjunto con el área judicial, para la inspección y clausura de los geriátricos no habilitados dado que al ser privados se debe contar con órdenes de allanamiento".

El proyecto de ordenanza que presentó la Defensoría -que será estudiado en la comisión de Calidad de Vida- plantea la necesidad del traslado de los residentes de geriátricos. "La reubicación quedará a cargo del titular y/o director médico del establecimiento y de familiares y/o responsable del alojado", señala. Además agrega que "el incumplimiento de las medidas necesarias para dicha reubicación y/o traslado de los residentes por parte de estos últimos, los hará responsables por los daños y perjuicios que pudieran ocasionar".

Asimismo propone que "los juzgados de Faltas darán intervención a los juzgados de Familia, asesorías de incapaces, obras sociales y a sus familiares y/o responsables directos de los residentes. Asimismo, se notificara a los alojados de la medida dispuesta".

Y también tiene en cuenta que "el Departamento Ejecutivo tomará los recaudos necesarios para publicar periódicamente, en los distintos medios de comunicación social de la ciudad los listados de establecimientos, sobre los que pese clausura dispuesta por los respectivos Juzgados de Faltas así como la información sobre los establecimientos habilitados".

 

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