El "modus operandi" de la gente que se quiere instalar en un terreno que no es suyo para quedarse a vivir es casi siempre el mismo. Primero instalan una carpa y "marcan" el terreno que van a ocupar y se trasladan con unos pocos enseres personales; si pasan unos pocos días y no hay reacción de vecinos del lugar o de las autoridades, pasan a la segunda fase de la operación: empiezan a construir una vivienda precaria para quedarse y más tarde argumentar "derechos adquiridos" porque nadie los obligó a abandonar el lugar.

No se trata del guión de alguna ficción, sino de la realidad. En Mar del Plata y otros lugares del país, sobre todo en las periferias de centros urbanos, la situación se repite con una frecuencia que sorprendería aún al menos distraído.

Javier Woolands, director del Banco Municipal de Tierras analizó la situación de las usurpaciones -ilegales, aunque este calificativo suene redundante- en General Pueyrredon y aportó datos tan novedosos como preocupantes: "Mantenemos nuestra cuota de dos o tres denuncias semanales", contó. Y añadió que "en verano no se modifica mayormente la cantidad de terrenos usurpados" en el territorio del partido.

"Hubo un caso aislado en la zona de Mario Bravo y Triunvirato, en el acceso al Apartur, pero en forma conjunta con el Enosur que realizó una limpieza de terrenos, convencimos a la gente que pretendía instalarse allí de buscar otros horizontes. Lo mismo ocurrió con unos cinco terrenos en Batán, pero actuamos rapidamente y no se llegaron a concretar" las ocupaciones, siguió contando el ex vecinalista que viene enfrentándose con esta situación casi desde que asumió el cargo en la Municipalidad.

Se sabe que en muchos casos los ocupantes cuentan con datos fechacientes sobre quién es el verdadero propietario de los terrenos, lo que sin duda les permite "elegir" el momento y la forma de la operación que van a realizar.

Por caso, los usurpadores delimitarán los terrenos que van a tomar con cintas u otros elementos y comenzarán con algún tipo de "trabajo" en el predio (por ejemplo, limpieza de pastizales), para no llamar demasiado la atención. Dejan pasar una semana a diez días y, si no hay reacción alguna de los vecinos del lugar, de la policía o del Banco Municipal de Tierras que dirige Woolands, empezarán con las obras más importantes: instalar casillas o hasta levantar paredes y construir viviendas precarias.

"Lo más grave de muchos de estos casos, es que detrás de ese accionar puede haber algún puntero político o bien un malviviente que estafó a personas en su buena fe", comentó el funcionario.

En el caso de terrenos fiscales, que hay pocos, el Estado debe actuar obligadamente y en forma inmediata, como sucedió con la Canchita de los Bomberos (donde Provincia y municipio prometieron levantar un museo de arte). Aunque a veces la desidia o complicidad del mismo Estado contribuye a abonar la teoría de los "derechos adquiridos" de los usurpadores al no denunciar el hecho ni ordenar el desalojo: así sucedió por caso con el edificio de Anses de San Martín y España, "convertido" desde hace años en el centro cultural "América Libre" (ver página 4).

Pero cuando el terreno es de propietarios particulares, la tarea se complica porque los dueños de esas parcelas en la gran mayoría de los casos no residen en la ciudad y no son fáciles de ubicar. Conocer este dato es clave para los que ayudan a los ususrpadores aportándole información desde alguna oficina pública.

"Casos emblemáticos" actuales

Según Woollands, "tenemos dos casos emblemáticos por estos días, uno en el ex predio de YPF en Ayolas y Rufino Inda y el otro en Mario Bravo y De la Maza".

Enseguida explicó estas dos situaciones. "En el caso del predio donde estaba YPF, que inclusive tiene una pileta de natación abandonada, ya hay usurpada una manzana y actualmente estamos con presencia policial en la zona para que no ocupen la otra".

La Municipalidad se puso en comunicación con el secretario general del SUPE -el sindicato de lso petroleros- y con las personas que adquirieron la quiebra, "pero por ahora no tuvimos resultados", lamentó el funcionario.

Reconoció que la sociedad de fomento del barrio "está trabajando codo a codo con nosotros y quiere poner allí una plaza con juegos para los niños del barrio, pero primero hay que limpiar bien la zona", contó Woollands.

Sobre el otro predio, en Mario Bravo y De la Maza, que también es un terreno fiscal, la Municipalidad lo había cedido al Centro de ex Combatientes de Malvinas. "Allí hay una casa y también un comercio, si no me equivoco una bicicletería, y aparentemente la gente fue engañada por un inescrupuloso operador", empezó diciendo.

Como el terreno está ubicado en una zona de caudal turístico, a cinco cuadras del Faro, "no quisimos actuar en medio de la temporada, pero no va a pasar mucho tiempo antes de que recuperemos el predio y se lo demos a quien se lo habíamos cedido", desafió Woollands.

Un desalojo oportuno

A propósito de las cuatro manzanas de la ex Canchita de los Bomberos, reservado para el futuro Museo de Arte Contemporáneo, fue otro caso resonante de los últimos meses. Un grupo pequeño primero y luego otros más se apropiaron de una parte del predio y hasta levantaron viviendas muy precarias.

La Provincia y la Municipalidad se movieron con celeridad y actuaron, sin violencia pero con firmeza, para desalojar. Javier Woolands, a cargo del Banco Municipal de Tierras, aseguró que "allí todo volvió a la normalidad. Se limpió la zona, se la mantiene, y como se está trabajando aceleradamente con el tema del Museo, siempre hay gente. Ya no es tan fácil meterse ahí".

Un problema que se repite

En Mar del Plata hay casos de dos aristas diferentes de la usurpación: la "ocupación" de viviendas por parte de grupos familiares sin techo; y la "okupación" de inmuebles en desuso para su aprovechamiento como centros culturales alternativos, como es el caso del Centro Cultural América Libre, que continúa funcionando.

No existen a nivel local datos estadísticos precisos, pero en 2007 se sabía que en el barrio La Perla ya había varios inmuebles usurpados y en la zona del puerto varias plantas procesadoras de pescado abandonadas estaban ocupadas, en general por familias vinculadas al fileteado que perdieron sus trabajos.

En 2008, el foro vecinal de seguridad de la comisaría segunda estimó que eran 162 los inmuebles usurpados sólo en esa jurisdicción, incluyendo departamentos, casas y lotes. Incluso vecinos habían denunciado que en la zona sur de la ciudad desconocidos habían alambrado una plaza pública.

A principios de 2009, el titular del Banco Municipal de Tierras, Javier Wollands había dado a conocer casos de usurpaciones casi constantes, en barrios como Alfar, Los Pinares, Punta Mogotes, San Antonio, El Gaucho, entre otros. Ese mismo año, fuentes oficiales reconocían que se había recrudecido la situación, e incorporó al barrio Estación Chapadmalal como uno de los más afectados. Allí el año pasado trepaban a 150 los lotes usurpados y se conocían casos en López de Gomara y Las Heras.

En estos casos, la situación de abandono de terrenos y viviendas, sumada al accionar de estafadores, se combinan para que avance el problema.

Otro caso muy resonante y con ribetes trágicos fue la ocupación de viviendas a medio construir del Plan Federal, por parte de grupos organizados de familias sin techo. Ese caso terminó con un desalojo violento.

En el Barrio Libertad se dio una situación similar, hace pocos años. Varias familias compraron a una inmobiliaria terrenos que habían sido subdivididos en una manzana. A todos los sorprendieron las notificaciones de la Justicia, advirtiendo sobre el desalojo. En ese caso, los vecinos se reunieron y realizaron numerosas presentaciones judiciales para evitar ser desplazados.