A excepción del ex jefe de la División de Licencias de Conducir Juan Carlos Belmonte, la Justicia excarceló ayer a 21 imputados en la causa que investiga la presunta actuación de una banda dedicada a la venta irregular de licencias de conducir.

El juez de Garantías Saúl Errandonea les concedió el beneficio de seguir el proceso en libertad a cambio de fianzas que fueron de los 20 mil a los 100 mil pesos.

A Belmonte, que no podía ser beneficiado por una excarcelación común por su condición de posible jefe de la organización, el juez le negó una de carácter extraordinario.

"Se dan todas las condiciones para que le sea concedida. Tiene arraigo en la ciudad y no tiene antecedentes penales", dijo a LA CAPITAL su defensora, Patricia Perelló, quien anticipó que apelará la decisión.

La causa todavía tiene tres empleados municipales prófugos, dos de los cuales estaban de licencia el día en que fueron allanadas las oficinas municipales y otro que se dio a la fuga en ese momento.

"Creo que se van a presentar ahora que hay una resolución judicial clara. No van a quedar en ese estado. Me parece que el abogado les va a recomendar presentarse", dijo el secretario de Seguridad municipal, Adrián Alveolite.

El funcionario ratificó que por el momento se puede advertir que hubo 300 licencias otorgadas sin el pago de la multa que le correspondía a quienes las obtuvieron. "Eso es lo que rápidamente se puede inferir", agregó, y dejó en claro que podría haber más casos.

Los cargos que se les imputa a los acusados son asociación ilícita, falsificación de instrumento público, defraudación de la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La defraudación, según el municipio, es millonaria, pero aún no se puede precisar el monto hasta que no se realice una auditoría. "Es un trabajo importante y hay que profundizarlo", aseguró Alveolite.

El caso salió a la luz hace una semana, cuando la Prefectura Naval y funcionarios judiciales irrumpieron con 25 órdenes de detención en el área de Licencias de Conducir, ubicada en el distrito descentralizado El Gaucho, en avenida Juan B. Justo y México.

La investigación había comenzado hace más de un año. De los implicados, 18 eran empleados municipales que fueron separados de sus cargos no bien fueron detenidos.