Funcionarios y ex funcionarios públicos de Mar del Plata y la zona, integrantes del Poder Judicial, empleados municipales, legisladores, miembros del servicio penitenciario y policías son investigados en 300 de las 1.100 causas que tramitan en la Fiscalía de Delitos Económicos N° 10.

Según surge de un listado de las causas más importantes al que tuvo acceso LA CAPITAL, la gama de ilícitos va desde cohecho e incumplimiento de los deberes de funcionario público hasta abuso de autoridad, negociaciones incompatibles, defraudaciones, falsedad ideológica y de instrumento público y falsificación de documentos.

Sin contar los 25 imputados en la causa por irregularidades en la venta de licencias de conducir, en los últimos 20 meses fueron condenados seis funcionarios públicos, se efectuaron requerimientos de elevación a juicio de 32 y otros 16 están procesados, "entre los que se encuentran (funcionarios) municipales, provinciales y judiciales", señaló la Fiscalía.

"Estos números –especificó– no contabilizan a aquellos funcionarios procesados en el marco de la causa denominada comúnmente como 'licencias de conducir' por intervenir en la misma fiscales adjuntos a la Fiscalía General".

Estas investigaciones encuadran en la resolución 1390/01 de la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires, la que "expresamente imposibilita a los fiscales delegar la investigación o cualquier diligencia a desarrollarse en su marco en funcionarios ajenos al Ministerio Público Fiscal o el Poder Judicial, razón por la cual estas pesquisas son desarrolladas en su totalidad por miembros de la propia Fiscalía".

La unidad de instrucción, juicio y ejecución mencionó que, pese a ese impedimento y a la no implementación del Cuerpo de Investigaciones Judiciales que como institución del Poder Judicial intervendrá en la investigación de este tipo de delitos, las causas avanzan.

Entre los involucrados hay funcionarios judiciales de Olavarría, Tandil y Pinamar; funcionarios municipales de Balcarce, Mar del Plata, Pinamar y Miramar, concejales de Necochea y hasta ex intendentes de Balcarce y Pinamar.

En el caso de Balcarce, se investigan supuestas irregularidades en el marco del Plan Federal de Viviendas. Sobre todo, el "paradero" de los fondos que llegaron a través del Instituto Provincial de la Vivienda para la construcción de unidades habitacionales. En Mar del Plata también hay una investigación en curso sobre las viviendas del barrio Belisario Roldán construidas a través del Plan Federal. "La diferencia –marcó a este diario una alta fuente judicial– es que acá las casas están y en Balcarce no".

Entre las causas más avanzadas está la de un inspector de la Delegación Municipal del Puerto condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 de Mar del Plata a las penas de tres años de prisión en suspenso y seis años de inhabilitación para ejercer cargos públicos por "extorsión en grado de tentativa".

El delito, cometido en noviembre de 2007, fue la exigencia de $ 10.000 a una empresa para no clausurarla. Tras la negativa del dueño de la firma "a hacer la entrega del dinero", el inspector "se hizo presente nuevamente en la empresa e hizo efectiva la amenaza, procediendo a la clausura", fundamentó el juez Fabián Riquert.

Otra investigación involucra a una interventora del Centro de Menores de Batán que "al menos entre los meses de marzo y diciembre de 2000" realizó "un manejo arbitrario e ilícito de los gastos autorizados en la denominada 'caja chica' a su cargo, que remitía periódicamente el Ministerio de Desarrollo Humano (actual Ministerio de Desarrollo Social) de la Provincia de Buenos Aires por la suma de $ 19.200 mensuales", informó la Fiscalía.