El Concejo Deliberante evaluará desde la semana próxima autorizar la aplicación de un nuevo aumento en el monto del canon que el municipio le abona mensualmente a la empresa Transportes 9 de Julio por el servicio de recolección de residuos domiciliarios. La propuesta presentada días atrás por el Ejecutivo consiste en elevar la cifra a una suma de casi 24,7 millones de pesos, lo que representaría un incremento del 23,6% con respecto de los 20 millones autorizados desde noviembre de 2013.

Según el proyecto de ordenanza que se encuentra en tratamiento en la comisión de Hacienda, una vez aprobada, la actualización se haría efectiva de manera retroactiva a partir de julio de este año. Se supone que este sería uno de los últimos aumentos que recibiría la compañía que presta el servicio desde 2005, a la cual se le prorrogó el contrato hasta agosto del año que viene, hasta que se ponga en marcha y concluya el proceso de licitación para volver a adjudicar el servicio.

Desde que la comuna inició su relación con la compañía tras la licitación realizada hace casi 10 años, el monto del canon mensual ya sufrió un incremento de casi el 600%, como consecuencia de las distintas autorizaciones otorgadas por el Concejo.

En agosto de 2005 la compañía se hizo cargo de la recolección de residuos sólidos urbanos del Partido de General Pueyrredon recibiendo por sus prestaciones un pago mensual de 3,3 millones de pesos. Desde entonces, el Concejo concedió 13 actualizaciones, hasta alcanzar la cifra actualmente vigente, de 20 millones de pesos. Varios de aquellos aumentos fueron otorgados de manera "provisoria" lo que provocó que la compañía le reclamara durante años al municipio establecer un valor definitivo y que se le compensaran los gastos no reconocidos. En ese proceso, la empresa llegó a exigirle a la comuna hasta unos 200 millones de pesos en concepto de diferencias, cifra que tras una negociación con el Ejecutivo, se redujo a 43 millones. Actualmente esa deuda está siendo cancelada por la Municipalidad, con el objetivo de concluir la relación contractual con la compañía sin que existan motivos para futuras controversias legales.

En el proyecto de ordenanza elevado por el Ejecutivo para volver a incrementar el monto del canon, se argumentó que desde que se concedió la última suba se registraron aumentos de costos que, según el pliego de bases y condiciones, obligan a modificar el valor de los pagos. Para evitar que existan nuevos reclamos de parte de la compañía en el caso de que el incremento sea considerado insuficiente, el texto en consideración establece que "la aceptación del precio redeterminado implica renuncia expresa a todo reclamo por mayores costos, compensaciones, intereses o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza".