por Hernán Gabriel Marty

LA PLATA (Corresponsalía).- Mónica Macha es la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el senado bonaerense y un militante defensora de los derechos de los desprotegidos. Luego de trabajar durante 14 años en el municipio de Morón con la idea de realizar abordajes integrales en las áreas socio-sanitarias, entendió junto a su equipo que hay problemáticas de las personas, a las que tal vez se les pueda encontrar una solución con un contacto en un centro de salud, o en Acción Social, por una problemática puntual para que esto se resolviera linealmente.

Ese estudio del problema, la hizo comprender que había situaciones más complejas, donde además de la demanda por alguna cuestión puntual aparecían cuestiones vinculadas a la violencia de género, a los pibes que no estaban yendo a la escuela, situaciones de adicciones, lo que fue llevando a armar una metodología de implementación y de intervención en las familias, que lleva a los abordajes integrales.

Ahí, junto a su equipo de trabajo, encontró un límite. Cuando trabajaban con familias que presentaban muchos problemas, notaron una complejidad que un solo equipo, un solo trabajador no iba a poder generar ahí una tramitación o elaboración de ese problema y comenzaron a aparecer los problemas de inseguridad, pensando la inseguridad en como impacta ésta en los sectores populares.

- ¿Cómo era la realidad de esos lugares que generaron este proyecto?

- Eran barrios donde hay ventas de sustancias ilegales o desarmaderos de autos, entonces hay un ingreso de autos durante cualquier momento del día y eso está naturalizado. No es un paisaje extraño sino todo lo contrario, es parte de su cotidiano. Y eso significa que viene lo que implica el desarme del auto y después lo que queda es a los pibes jugando con los restos. Empezamos a ver estas situaciones con mucha dificultad para intervenir, y donde todo terminaba llevándonos a que si había un desarmadero en un barrio, es porque ahí había complicidad con sectores de la policía bonaerense y que eso sin duda también tenía alguna conexión con algunos fiscales del poder judicial.

- ¿Qué provocó ese panorama?

- Con estos antecedentes creamos -en Morón- el programa ‘Comunidad+Prevención’ y empezamos a dar asistencia legal, psicológica y social, también con la mirada de abordajes integrales incorporando al municipio para que pudiera posicionarse junto al poder judicial en estos temas. Y empezamos a encontrar un montón de barreras y de obstáculos en ese sentido. Entonces comenzar a generar un ámbito donde estas familias que estaban con el hostigamiento policial, a tener un lugar en donde puedan decir ‘esta es la versión policial. Ahora lo que yo te cuento, mi versión es que me plantaron pruebas, pasó esto, pasó aquello. Mi hijo está en situación de robo y demás. Pero en esta situación no participó y como tiene antecedentes se lo terminan cargando a él’. Y con eso comenzamos a construir esas otras versiones que no aparecían en la versión oficial.

- ¿Entonces las cuestiones relacionadas con la violencia ejercida desde las instituciones policiales fue lo que promovió la iniciativa?

- Ese fue el antecedente de ponernos a trabajar en violencia institucional. Por otro lado, veníamos con mucho desarrollo también en el tema de salud mental, fuimos parte activa de lo que fue la sanción de la Ley Nacional de Salud Mental y donde ahí también aparecía fuertemente, en otro contexto de encierro que son los neuropsiquiátricos, el tema del avallasamiento y la violación de derechos humanos de quienes estaban allí internados. Y a cuestionar también si hablar de un neuropsiquiátrico es pensar que ahí hay verdaderamente un lugar terapéutico o es más bien un depósito de nuestra etapa histórica que viene de la modernidad y que tiene que ver con que aquello que por una cosa u otra no funciona en el mundo social, lo excluimos.

- ¿El trato al que están sometidos los reclusos que están allí por cuestiones de salud o justicia es el  problema entonces?

- Si uno pensara que el fin es reincluir, deberían contar con un dispositivo que cuando una persona entra ahí para permanecer un tiempo encerrado, pueda aprender determinadas cosas para construir otro proyecto de vida cuando salga, cosa que en general no sucede. Con estos antecedentes, se nos ocurrió pensar la posibilidad de crear un proyecto de estas características y nos pusimos a laburar con mi equipo y con compañeras que vienen con mucha trayectoria en estos temas. Al proyecto hicimos que lo viera Marcelo Saín, que lo viera el CELS, que lo viera la Comisión Provincial por la Memoria, Abel Córdoba, la Asociación de Familiares de Presos en Cárceles Federales, que es una organización con la que nosotros trabajamos mucho. Y cada uno fue a ese tronco o a ese cuerpo que ya tenía el proyecto, para cuestionarlo y proponer otras cosas que terminaron constituyéndolo.

- ¿Qué propone la iniciativa?

- La ley propone crear estas Unidades Fiscales Especializadas en Violencia Institucional, lo que significa poder contar con agentes que cuando se incorporen a estas unidades puedan dar cuenta de un compromiso y una trayectoria vinculada con estos temas y digo ese en relación a como conformar el equipo. Después hay cuestiones más operativas, que tienen que ver con como comienza el tratamiento de una situación de violencia institucional a partir de la creación de estas unidades. Esto quiere decir que cuando aparece una víctima, lo primero que se pone en juego son las instancias de protección para esa persona.

Porque algo que notamos es que la gente no denuncia porque tiene miedo de que les vuelva una represalia, porque en definitiva una persona va y hace una denuncia y tiene en frente a todo el aparato del estado, entonces si no se la protege la puede sancionar aún mucho más. Y por otro lado porque hay que ver cuál es el nivel de eficacia de esas denuncias, si realmente después pasa algo, o no. Lo que nosotros tenemos es un porcentaje alto dentro de la poca gente que denuncia, ese universo que se anima a denunciar, bueno el porcentaje de efectiva investigación es muy bajo. Entonces es correr un riesgo muy alto para tener muy pocas posibilidades de que la investigación se lleve a cabo, entonces no denuncian.

- ¿Qué cambios busca generar la Ley?

- Si nosotros tenemos estos espacios y comprometidos con la temática, aspiramos a que enseguida haya un dispositivo de protección para esa persona, que las pericias médicas estén hechas por el cuerpo pericial de la Corte Suprema y que esa pericia sobre el cuerpo de la persona que denuncia se constituya en prueba de las cosas que hay que investigar. También dar aviso urgente a la institución cuyo miembro llevó adelante este delito y ahí generar un doble control: por un lado, del agente fiscal de la unidad fiscal; y por otro, de los que tienen la responsabilidad en la institución cuyo miembro fue denunciado.

- ¿Dónde quedarían almacenados estas investigaciones?

- La ley también prevé la creación de un registro que permita poder contar con información más certera y sistematizada. Porque lo que hoy vamos reconstruyendo es a través de lo que cada organismo va logrando armar, de lo que a veces pasa el ministerio de seguridad, de lo que a veces pasa el ministerio de Justicia, pero en este proyecto pusimos como condición la creación del Registro Único de Violencia institucional, lo que nos va a permitir cual es la verdadera situación en la provincia de Buenos Aires.

- ¿Hay legislación que ya esté funcionando en este sentido?

- Nosotros tomamos como antecedente lo que hizo la Procuvin en Nación, la  Procuraduría contra la Violencia Institucional. Para nosotros esto es un antecedente y es además de un antecedente muy importante y de un dispositivo que ya está funcionando, un lugar al que vamos a consultar permanentemente porque ya tienen una experiencia desarrollada. Legislativamente no conocemos otras cuestiones, pero estamos ávidos de poder constituirnos en un ámbito de referencia para la provincia de Buenos Aires, para las organizaciones que están trabajando en estos temas, para las personas que sean víctimas de esas situaciones, y que esas mismas experiencias también nos vayan permitiendo nutrir este proyecto de ley que esperamos en poco tiempo sea una política pública.

- Por último ¿Cómo cree usted que será el recorrido por las cámaras?

- Lo que venimos trabajando hasta ahora fue con el acompañamiento por supuesto de los compañeros del FPV y de los otros bloques también (UCR y FR). Por todo esto suponemos que su tránsito por el senado será sin problemas, y en diputados yo vengo trabajando mucho con Fernanda Raverta, que es la presidenta de la Comisión de DD HH de diputados, así que te diría que está como esperándolo y están Adrián Grana y Marcelo Saín de Nuevo Encuentro, así que entiendo que en ese sentido va a tener el acompañamiento para que esté sancionado como Ley en pocas semanas. Me imagino que antes de fin de año puede estar sancionado como Ley.