A casi 4 meses de que el Concejo Deliberante resolviera expulsar a su secretario, Antonio Costantino, ante una denuncia por un pedido de "colaboraciones" durante el tratamiento de un expediente, distintos bloques políticos decidieron que llegó el momento de poner en marcha el proceso de remoción de la principal protagonista del caso: Vilma Baragiola.

A través de una nota firmada por los concejales de Acción Marplatense, el Frente para la Victoria y el Frente Renovador, hoy a primera hora se pedirá de manera formal realizar durante esta misma semana una sesión especial para debatir la posibilidad de apartar a la edil radical de la presidencia del cuerpo. Así, se cumpliría con la recomendación de la comisión especial creada dentro del Deliberativo, que tras investigar la actuación de Baragiola y de leer su descargo, sugirió revocar su mandato por haber "defraudado la confianza de sus pares" y cometer una "falta grave en el desempeño de sus funciones".

Según pudo saber LA CAPITAL, luego de que ingrese el pedido para que se desarrolle la sesión especial, este planteo tendrá que ser considerado hoy por la comisión de Labor Deliberativa.

Allí los presidentes de todos bloques -ante la presencia de la misma Baragiola- deberán resolver en qué fecha se realizará esta reunión, la cual podría tener lugar mañana o el viernes.

Tal como están planteadas las cosas, lo más probable es que el debate en el plenario del Concejo concluya con una votación que determine que la concejal sea removida de la presidencia, a apenas 10 meses de haber sido elegida por sus pares para desempeñar esa función.

De ser así, esta sería la primera vez en la historia en la que se produciría la revocatoria del mandato de la máxima autoridad del cuerpo.

Los votos anticipan la remoción

Acción Marplatense, el Frente Renovador y el Frente para la Victoria cuentan con una cantidad de votos más que suficiente para adoptar una medida de este tipo.

Lo que aún no se sabe con claridad es qué actitud adoptará la Agrupación Atlántica que encabeza Carlos Arroyo, que a pesar de haber sido la primera fuerza política en pedir la renuncia de Baragiola hace ya 4 meses, prefirió no participar de la tarea desarrollada por la comisión especial investigadora y hasta ahora no volvió a pronunciarse al respecto.

Hasta ayer se especulaba con la posibilidad de que para evitar exponerse al trámite de expulsión, la dirigente radical se apartara voluntariamente del cargo, algo que hasta integrantes de su propia bancada sugirieron. Sin embargo desde el entorno más cercano de la concejal desecharon esa posibilidad.

El caso tuvo su origen en el mes de mayo, cuando la dirigente del Sindicato de Camioneros, Eva Moyano, denunció públicamente que la UCR le había solicitado "colaboraciones" durante el tratamiento de un expediente. En ese momento el gremio pretendía que fuera aprobado un proyecto de ordenanza para desafectar del listado de bienes patrimoniales un chalet de su propiedad, ubicado en Santa Fe y Falucho, con la intención de utilizar ese terreno para ampliar las instalaciones de su hotel, ubicado en un lote lindero.

En ese contexto el propio Comité de la UCR presentó una denuncia ante la Justicia exigiendo que Moyano se retractara. La sindicalista declaró entonces ante la Fiscalía de Delitos Económicos, donde dijo que "nadie pidió una cantidad de dinero".

Pero dejó en manos de la Justicia la filmación de una charla mantenida en su oficina con Baragiola, Costantino y el asesor del bloque radical, Emiliano Mensor.

La difusión de ese video aceleró los cuestionamientos hacia la concejal radical, quien de este modo quedó en una posición incómoda.

En su defensa Baragiola argumentó la existencia de una campaña en su contra para desprestigiarla como eventual candidata a la intendencia, tras haber encabezado la lista del Frente Amplio Progresista que triunfó en las legislativas pasadas.

A pesar de que la Fiscalía todavía no adoptó una decisión en torno a la causa, el Concejo decidió constituir una comisión para realizar su propia investigación. A modo de conclusión, determinó que a pesar de lo que disponga la Justicia la concejal ya no debería detentar el cargo que le otorga la representación de todo el Departamento Deliberativo local.