La Fiscalía de Delitos Económicos 10 de Mar del Plata resolvió ayer "archivar" la causa judicial iniciada por "averiguación de hecho" presentada por el presidente del Comité Radical Daniel Núñez, luego de que la secretaria general del Sindicato de Camioneros local, Eva Moyano, hablara tras una reunión de comisión en la que se trataba la desafectación de un chalet propiedad del gremio y denunciara que la UCR le había pedido una colaboración a cambio de que el expediente fuese aprobado.

A través de una resolución de 70 páginas, firmada por los fiscales David Bruna, Pablo Pizzo y Fernando Berlingieri, la Justicia decidió archivar la causa "por no haberse podido acreditar la materialidad ilícita de los hechos que fueron denunciados". Además, consideró que el video presentado como prueba "está fragmento".

Todo se había iniciado el pasado 30 de abril, cuando el presidente del comité local de la Unión Cívica Radical (UCR), Daniel Núñez, decidió presentarse ante la Justicia al tomar conocimiento de que "María Eva Moyano acusaba a la UCR de haber pedido dinero para una votación favorable del expediente que trata la desafectación del inmueble ubicado en Falucho y Santa Fe, perteneciente al gremio de Camioneros", según los considerandos de la causa.

En la oportunidad, el radical refirió haber tomado contacto "con los concejales pertenecientes a su partido político, a los efectos de tomar conocimiento de lo acontecido y luego de haber dialogado con los mismos tomaron la decisión de requerir a la Justicia que se investigue la veracidad de los dichos" denunciados por la hermana del titular de la CGT opositora.

Conclusiones

De las conclusiones judiciales se desprendió que el expediente en cuestión "se encontró prácticamente paralizado en dependencias de la secretaría de Planeamiento Urbano de la Municipalidad desde el año 2008 hasta el 30 de enero de 2014, fecha en la cual el intendente municipal y el secretario del área deciden remitir el trámite al Concejo Deliberante, para su prosecución".

"La remisión aludida -continuó el escrito- fue originada en una llamada telefónica no documentada que alguien del sindicato de Camioneros efectuó a la Secretaría de Planeamiento Urbano. De modo que ni Vilma Baragiola, ni otros integrantes de la Unión Cívica Radical tuvieron influencia decisiva en la desparalización del expediente".

Si bien en la resolución se reconoció que "existieron al menos dos reuniones entre Vilma Baragiola y los responsables del Sindicato de Camioneros", tanto en el hotel sindical como en la sede del sindicato, las mismas no implican la existencia de un pedido de dinero.

"Los testimonios de Moyano, Sánchez y Ferreyra -rezó la resolución judicial- no permiten sostener que los representantes del radicalismo hubieren solicitado una suma de dinero para votar favorablemente el expediente".

Asimismo, añadió que "todos los concejales y funcionarios que declararon en la presente investigación penal, negaron que Baragiola o algún funcionario de la secretaría del Concejo hayan intentado sugerir, indicar o plantear alguna cuestión en relación al trámite del expediente".

Y agregó que "durante el tratamiento del expediente en la comisión de Obras del Concejo (Deliberante), la postura contraria a su continuidad provino de los distintos concejales pertenecientes a bloques que integran la "oposición política"; mientras que los ediles afiliados a Acción Marplatense manifestaron su postura favorable a la aprobación de la desafectación del inmueble".

Fragmentado

Asimismo, la Justicia consideró válido como prueba la presentación del video aunque admitió que el presentado en la oportunidad está fragmentado.

En las conclusiones de la resolución, se sostuvo que "los registros audiovisuales aportados en la presente investigación penal superan el test de constitucionalidad vinculado al derecho a la intimidad y por ello su valoración se encuentra permitida desde esta perspectiva" aunque advirtió que "los soportes magnéticos se encuentran fragmentados y en discontinuidad, los mismos no revisten las condiciones necesarias mínimas para considerarlos fidedignos, siendo imposible en consecuencia otorgarles eficacia probatoria".

Finalmente, en la resolución se explicó que "los acápites descriptos precedentemente conducen a la imposibilidad de acreditar la existencia del hecho que fuera denunciado" por lo que se dispuso "archivar las presentes actuaciones, iniciadas por la presentación efectuada por Daniel Alberto Núñez, por no haberse podido acreditar la materialidad ilícita de los hechos que fueron denunciados".

Ayer habló la Justicia. ¿Qué dirá ahora la política?