A tres semanas de la clausura judicial de la escuela primaria 2 y secundaria 46, dependientes de la provincia de Buenos Aires, la situación sigue igual: las obras de mejoramiento no comenzaron y los chicos fueron derivados a la escuela primaria 5 y los del secundario a la ex Piloto.

A raíz de una denuncia realizada por la Cooperadora de la escuela Nº 2 (que funciona en el mismo edificio de Dorrego 633), el juez del Fuero de Menores Néstor Salas procedió a clausurar el edificio de ambas instituciones, debido a las deplorables condiciones edilicias. La matrícula de ambos establecimientos suma 900 chicos.

La causa principal de la clausura fue el estado del techo del establecimiento, que debe ser cambiado en su totalidad, pero hasta ayer "las obras no comenzaron, incluso le solicitamos al juez poder ir haciendo los arreglos por parte,

garantizando la seguridad de los chicos, pero no obtuvimos respuesta", señaló a LA CAPITAL el secretario del Consejo Escolar de General Pueyrredon, Sebastián Sirochinsky.

En tanto, desde la Jefatura Distrital de General Pueyrredon no respondieron a los llamados de este diario, derivándolos al Consejo Escolar porque se trata -dijeron- de "una cuestión edilicia".

"Se cambiaron algunos vidrios -detalló Sirochinsky-, pero la obra más grande, que fue la que generó la clausura no se inició". La misma contempla el cambio del techo del establecimiento que alberga a ambas escuelas.

Si bien el secretario del Consejo Escolar se manifestó optimista, "confío en que se haga", dijo, no pudo especificar los tiempos en que se concretará la obra.

Asimismo, consideró que "en teoría, los chicos podrán volver para el inicio del ciclo lectivo venidero" aunque reiteró en el pedido que le hicieron al juez "de plantear la posibilidad de ir haciendo los arreglos parcialmente, garantizando la seguridad de los chicos, para que puedan retomar las clases en su escuela natural. Pero no hemos obtenido respuesta".

La madre de una alumna del establecimiento, Sonia Sordo, señaló que "a lo largo de los años, distintos equipos directivos realizaron los reclamos correspondientes ante las autoridades sin tener respuestas satisfactorias. Llueve y no se puede dar clase, los patios se inundan, las aulas se llueven, las paredes tiene descargas eléctricas, entre otros signos de deterioro".

Pero, más allá del problema edilicio, la mujer se preguntó "¿hasta cuándo? Si bien la medida judicial reza es por 90 días, todavía no hay miras de que se esté trabajando para solucionar este problema. A menos de dos meses de terminar el ciclo escolar, nuestros hijos fueron reubicados en otros establecimientos educativos con horarios rotativos y jornadas reducidas con el consiguiente desajuste que produce en el proceso de aprendizaje".

También se cuestionó "¿cómo terminará el año? y ¿cómo comenzarán el próximo ciclo 2015?", a la vez que se preguntó "¿quién da la cara ante esta situación?".

"Los directivos y docentes están padeciendo la misma incertidumbre -aseguró-, pero nuestros hijos están condenados a un maltrato innecesario. Pareciera que optar por la educación pública hoy es un castigo".

Finalmente, la madre de la alumna pidió que "alguien nos diga cómo va a seguir esto, porque no podemos vivir en este estado de incertidumbre. Estamos hablando de nuestro futuro".