El Concejo Deliberante comenzará a analizar en los próximos días un proyecto de ordenanza para prohibir la instalación de estaciones de servicio en el centro y el macrocentro de Mar del Plata.

La iniciativa, firmada por el presidente del cuerpo, Nicolás Maiorano (UCR), propone que no se autorice la radicación en el sector delimitado por las avenidas Constitución, Jara, Juan B. Justo y la costa. También promueve la creación de una mesa de trabajo para analizar la aplicación de incentivos en los proyectos a desarrollarse sobre los lotes ocupados por estaciones fuera de servicio.

El proyecto menciona que en los últimos años "han cesado en su actividad numerosas estaciones de servicio" en la ciudad. "Más allá de las consideraciones en términos económicos y del mercado laboral, resulta preocupante la permanencia de instalaciones abandonadas", dijo el concejal entre los argumentos.

Alertó que "en varias oportunidades se ha podido verificar que el pasivo ambiental que dejan las estaciones de servicio al salir de funcionamiento son riesgos concretos de contaminación sobre el suelo y las aguas subterráneas".

Para Maiorano, el Estado municipal debería abordar la problemática desde dos líneas de acción: por un lado, con la limitación de la instalación de nuevas estaciones en áreas centrales del ejido urbano; por otra, a través de un impulso a la "sustitución de usos" de las que están abandonadas.

"Respecto de la primera línea de acción, entendemos razonables limitar la instalación de nuevas estaciones de servicio en áreas centrales de ámbito urbano", indicó el concejal. En principio, porque la demanda en ese sector está "suficientemente abastecida". Además, por "los riesgos ambientales que implica este tipo de usos" en áreas residenciales consolidadas.

Otro de sus fundamentos está relacionado con el tránsito. Aunque las normas municipales sólo permiten la instalación de estaciones de servicio en avenidas, "no hace falta explicar que algunas concentran más flujo vehicular" en la medida en que se acercan al centro. "No es igual la concentración vehicular de las avenidas Luro o Colón en la zona más cercana al centro que en las salidas de la ciudad. La misma situación se verifica sobre el corredor costero", explicó.

"La segunda línea de acción tiene que ver con promover cambios de uso sobre lotes que en la actualidad se encuentren ocupados con instalaciones abandonadas de ex estaciones de servicio", apuntó.

Según la normativa ambiental, cuando una estación de servicio cierra se deben extraer las instalaciones subterráneas, remediar los suelos y, en algunos casos, las aguas que permanecen debajo de la construcción. "Esto es clara y objetiva demostración de dos cuestiones. La primera es que el daño ambiental no es un riesgo potencial, sino que es casi un hecho que existan procesos contaminantes en torno a una estación de servicio con tanques abandonados", señaló Maiorano.

Estos pasivos ambientales, "que ponen en riesgo recursos naturales, seguridad urbana y potenciales conflictos jurídicos, dejaron ya de ser una posibilidad" y pasaron a ser "casi inevitables".

La segunda conclusión es que "el peor escenario es el actual; es decir, contar con numerosas instalaciones abandonadas". Como ejemplo puso que, si se produce la filtración de barros del fondo de un tanque hacia el suelo y el agua subterránea, "lo peor que puede pasar es que esa situación perdure en el tiempo".

También mencionó "la notoria pérdida de seguridad urbana que constituyen en general esos grandes lotes con instalaciones o construcciones abandonadas", los "techos reticulados que van siendo afectados por la corrosión" y los "enormes vallados que sólo suman oscuridad al espacio público".

Por eso consideró "importante" que esos lotes se utilicen en otros emprendimientos. Sería a través de incentivos en los indicadores urbanísticos en el factor de ocupación total (FOT), en de ocupación del suelo (FOS), en la densidad habitacional o en el plano límite, entre otros. Aclaró que su intención no es liberar esos sitios a nuevos usos, sino promover nuevos desarrollos dentro de lo que se pueda construir y habilitar en cada zona.

Estos beneficios son necesarios, a su entender, porque las medidas de monitoreo y remediación que exigen las normas ambientales "desalientan a cualquier inversor" debido a que "al valor de la tierra urbana debe sumar los costos que implica tratar esos pasivos ambientales".

De aprobarse la ordenanza, la mesa de trabajo para analizar estos incentivos estaría conformada por integrantes del Ejecutivo municipal y el Concejo. "Si no hacemos nada, siempre será más conveniente buscar un lote 'limpio', demoler un chalet o buscar otras zonas de la ciudad antes que intentar invertir para sustituir esas estaciones de servicio abandonadas por nuevos usos que permitan saldar pasivos ambientales y mejorar la calidad urbana", advirtió Maiorano.

Al proyecto también lo firmaron los concejales radicales Maximiliano Abad, Eduardo Abud y Mario Rodríguez. "El martes que viene empezamos a tratarlo en la Comisión de Obras", dijo ayer a LA CAPITAL su presidenta, Cristina Coria (también de la UCR). Luego deberá ser considerado en la de Legislación.