La comisión de Obras del Concejo Deliberante tratará hoy un proyecto de ordenanza impulsado por el concejal del Frente para la Victoria, Fernando Maraude, para impedir que durante un plazo de 180 días puedan ser aprobados nuevos trámites que permitan excluir inmuebles del listado de bienes de preservación patrimonial.

Al explicar los fundamentos de su iniciativa, Maraude señaló que ante los resultados de algunos casos recientes y debido a la existencia de múltiples pedidos dentro de la comuna, resulta necesario que la Municipalidad revise la normativa vigente y diseñe y establezca nuevos criterios para otorgar desafectaciones.

Los bienes protegidos

El Código de Preservación Patrimonial fue sancionado por el Concejo Deliberante en el año 1995 y desde entonces fueron incorporados a él un total de 394 bienes valorados por sus cualidades arquitectónicas, históricas, sociales, ambientales y culturales. Durante los últimos 20 años, varios de ellos fueron eliminados del listado, lo que permitió que en algunos casos fueran demolidos o modificados. Todas las desafectaciones fueron autorizadas mediante distintas ordenanzas sancionadas por el Concejo, las cuales fueron promovidas por los titulares de los bienes, movidos por el interés de liberarse de las restricciones legales que les impedían realizar modificaciones en sus propiedades. Según un primer listado elaborado por LA CAPITAL. Datos, en las últimas dos décadas hubo al menos 18 inmuebles que fueron excluidos del listado. Según el caso, cada trámite tuvo un resultado distinto.

Demoliciones

Varias de las desafectaciones permitieron que los inmnuebles fueran demolidos y reemplazados por nuevas construcciones, como fue el caso del Chatel San José ubicado en Irigoyen y la costa o la Casa Espósito, de Matheu y la costa, donde actualmente existen dos edificios. En otros casos las desafectaciones no provocaron que los bienes desaparecieran. No obstante generaron condiciones para que pudieran ser modificados por razones funcionales o de uso. De hecho, entre los inmuebles eliminados del listado también figuran la sede del Automóvil Club Argentino ubicada sobre la avenida Colón, el edificio del Banco Provincia de San Martín y Córdoba o el Chalet Ciancaglini de San Luis y Falucho, que aún siguen en pie y en un buen estado de conservación.

Ayer Maraude le explicó a LA CAPITAL que su pedido para frenar momentáneamente las desafectaciones fue realizado junto a la propuesta de crear una comisión que se ocupe se realizar un análisis integral del Código de Preservación Patrimonial y de proponer modificaciones. Según dijo, como parte de sus tareas esa comisión también deberá revisar el listado de bienes actualmente declarados y presentar un informe acerca de su situación.

La eficacia de la norma actual

Maraude recordó que buena parte de los inmuebles particulares incluidos en el régimen -dentro del cual también figuran espacios públicos y algunos objetos- fueron incorporados por iniciativa de sus propietarios aunque la gran mayoría adquirieron la condición de patrimoniales por impulso de la comunidad y del municipio. "Por esa razón nos encontramos con que los dueños que no valoran esta declaración piden la desafectación y en algunos casos permiten que los bienes se deterioren o realizan intervenciones clandestinas modificándolos", dijo.

Para Maraude, este tipo de hechos "dejan en evidencia de que no existe una política clara y eficaz en materia de preservación", lo que a esta altura, amerita "una reflexión" ya que ni siquiera existen garantías para que haya una correcta conservación de los inmuebles protegidos. Asimismo hizo notar que en algunos casos, una vez aprobadas las desafectaciones, hubo otras medidas adicionales que generaron un impacto negativo adicional al de la desaparición de ciertos bienes. "Hubo casos en los que luego de la demolición de un chalet fueron otorgadas excepciones para la construcción de edificios con más pisos de los admitidos, lo que provocó un cambio mucho más notorio en el paisaje de algunas zonas", recordó.

Respaldo institucional

Maraude destacó que su iniciativa fue respaldada en los últimos días por distintas instituciones de la ciudad como el Colegio de Arquitectos o la ong Marplatenses Defensores del Patrimonio, la cual hizo saber que en estos momentos existe dentro del municipio más de una decena de pedidos de desafectación realizados por particulares. De hecho, está previsto que mañana la comisión de Obras también trate uno de ellos, relacionado con el edificio de la sede del Colegio de Magistrados, ubicada en Brown 1401. Ayer Maraude precisó que su intención no es la de impulsar criterios propios para una política de preservación, sino la de crear las condiciones para que "expertos y especialistas" debatan al respecto y obtengan conclusiones que ayuden a actualizar y a mejorar la normativa vigente sobre este tema.