El juez en lo Contencioso Administrativo, doctor Marcelo Daniel Fernández dejó sin efecto la caducidad de la concesión de la Unidad Turística Fiscal de Playa Chica. Así, sigue la controversia en torno a este espacio.

El juez le pide a la Municipalidad de General Pueyrredon que en el término de tres días acompañe copia certificada del Pliego de Bases y Condiciones de la UTF Playa Chica, el contrato de concesión suscripto con el concesionario, y toda otra norma que de cualquier modo afecte o modifique dichos actos, especialmente aquella en la que se encuentra el "Capítulo de Sanciones del Pliego de bases y condiciones" mencionado en el decreto N°589/2015.

En la semana. la Municipalidad dio por caducada la actual concesión por considerar que no se cumplieron con varias exigencias del pliego. Por eso, se indicó, tomaría posesión del balneario para impulsar un nuevo llamado a licitación pública.

El balneario fue adjudicado en el año 2007 por un plazo de 25 años a cambio de un canon de 10.120 pesos y la obligación de ejecutar distintas obras durante 6 años, durante los cuales rigió un "plazo de gracia" por el que se eximió a la empresa de la obligación pagar en canon.

Según la comuna, "entre las obras propuestas por el entonces concesionario figuraba la construcción de un espigón de unos 100 metros" para la recuperación del sector de playa y la realización de trabajos destinados a poner en valor la unidad y a ofrecer nuevos servicios públicos. De acuerdo a un seguimiento efectuado por la comuna, se llegó a la conclusión de que "las obras ejecutadas no fueron realizadas en su totalidad de acuerdo a las reglas de calidad establecidas; no se inició en tiempo y forma, no se avanzó ni se concluyó la obra hidráulica propuesta y no se concluyó la obra edilicia prevista".

Frente a este panorama, cuando finalizaron los plazos establecidos por la ley la Municipalidad comenzó a "imponer las multas previstas" por incumplimientos "hasta la caducidad de la concesión". Además, "como consecuencia de las condiciones edilicias precarias y de mantenimiento de las instalaciones, la Dirección General de Inspección General clausuró las instalaciones, con intervención de la Justicia de Faltas Municipales que ratificó lo oportunamente actuado", se indicó en el informe.

"En forma simultánea a la aplicación de las sanciones, el concesionario recurrió a la Justicia para obtener el levantamiento de la clausura y la anulación de las multas, medidas cautelares que esta vez fueron aceptadas.