Tras conocerse el decreto que dispuso la caducidad de la concesión de la unidad turística fiscal conocida como "Playa Chica" y la resolución judicial que la dejó sin efecto, el empresario a cargo del espacio desde 2007, denunció que es víctima de "posibles maniobras extorsivas".

"Durante la vigencia de la concesión y estando en tratativas con terceros interesados en adquirir la unidad, fui objeto de posibles maniobras extorsivas tendientes a ir envileciendo el precio de la transacción, al compás de las sanciones y clausuras preventivas que se iban imponiendo sobre la unidad, maniobras que se encuentran debidamente acreditadas a disposición de la Fiscalía interviniente en las denuncias criminales formuladas", señaló en un comunicado el concesionario, Gerardo Fernández. Asimismo denunció que "se encuentran grabadas conversaciones que acreditan que funcionarios del más alto nivel municipal se encontraban realizando gestiones de venta de los derechos emergentes del contrato de concesión de la unidad, al tiempo en que se sucedían las diversas sanciones".

El decreto que dispone la caducidad de la concesión se funda en supuestas insuficiencias de carácter edilicio y afirma que las inspecciones que derivaron en la clausura del establecimiento tuvieron por motivo y objeto la determinación de dichas insuficiencias.

Según el empresario, "estas afirmaciones son absolutamente falsas porque los inspectores actuantes en las tres inspecciones, efectuaron las clausuras sólo por falta de exhibición del certificado de habilitación, constando expresamente en las actas que el establecimiento contaba con las condiciones de seguridad e higiene necesarias para funcionar, y no constatándose insuficiencia edilicia alguna. Esto podría constituir una falsedad de instrumento público".

Informes técnicos

Por otra parte afirmó que "conforme surge de los informes técnicos elaborados por el arquitecto Luciano Cipponeri, las condiciones edilicias del establecimiento a las que hacía referencia el informe municipal, fueron en su totalidad regularizadas, circunstancia que fue debidamente notificada la comuna, sin que esta emitiera opinión alguna al respecto".

Asimismo indicó que "según surge del informe técnico redactado por el ingeniero Miguel Varela, el edificio se encontraba en general en condiciones estructurales satisfactorias y en particular, en un pequeño sector en el que se requería una tarea de mantenimiento, se dio cuenta de la realización anticipada y de la terminación de la misma. El mencionado informe tampoco recibió tratamiento por parte de la comuna".

Por otra parte expresó que "el informe en que el decreto de caducidad de la concesión se funda, nunca fue notificado a este concesionario, ni fue en ningún momento objeto de imputación ni fundamento de imposición de multas".

Con relación a las supuestas obras pendientes de ejecución.

"Maliciosas obstrucciones"

Fernández indicó que "el espigón, la única significativa, no pudo ser construido por maliciosa obstrucción de las autoridades del Emtur, quienes deliberadamente impidieron por todos los medios a su alcance el inicio de la obra. Esto motivó la radicación de dos denuncias criminales contra los responsables del organismo, ante la Fiscalía de Delitos Económicos Nº 10 y ante el Juzgado Federal Nº 2 de la ciudad, por la posible comisión de diversos delitos penales".

Más adelante aseveró que la otra obra pendiente -una batería de sanitarios- es "de cuantía insignificante" y que "oportunamente se presentó la documentación técnica tendiente a su aprobación, que nunca fue tratada".

"El tratamiento que recibió esta UTF resulta completamente desigual respecto del que se brinda a otras y que incurren en incumplimientos de obra de mucha mayor magnitud", lamentó el empresario.

Finalmente consideró que "se trataría de un despojo ilegal de la posesión de la unidad y del contrato de concesión, con el posible objeto de dirigir la misma hacia intereses predeterminados".