Distintos bloques del Concejo Deliberante podrían presentar ante la Justicia toda la documentación vinculada a las irregularidades detectadas en los trámites para cubrir las licencias de dos concejales de la UCR, ante la creencia de que al menos en tres ocasiones habrían sido reemplazados de manera indebida por un suplente.

Así se lo hicieron saber ayer a LA CAPITAL fuentes del Deliberativo, que adelantaron que cuando el lunes que viene la comisión de Legislación se reúna para tratar este caso, seguramente se resolverá remitirle una copia del expediente a la Justicia para solicitar que investigue el tema en profundidad y tome una decisión al respecto.

Sumado a esto, la comisión resolvería además realizarle una consulta a la Asesoría General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para que también brinde su opinión sobre las implicancias legales de esta situación. El tema que analizarán el lunes los concejales tuvo su origen en una nota presentada el pasado 15 de marzo por Rosana Morrone, quien en 2011 fuera la tercera candidata a concejal por Udeso, la fuerza política que en aquél entonces expresaba la alianza entre la UCR y la fuerza política de Francisco De Narváez. En aquellas elecciones esa lista -que proponía a Vilma Baragiola para la intendencia- consiguió sólo dos bancas en el Concejo, las cuales fueron ocupadas por los radicales Maximiliano Abad y Mario Rodríguez, por lo que la denarvaísta Morrone se convirtió en quien debía suplantar a cualquiera de los dos cada vez que se ausentaran. La semana pasada la mujer presentó un escrito en el Concejo afirmando que desde el 10 de diciembre de 2011 "nunca" fue notificada sobre la existencia de licencias que ameritaran su actuación como concejal. A partir de allí se inició una investigación interna que determinó que tanto Abad como Rodríguez sí se habían ausentado en más de una ocasión y que su reemplazo nunca había sido Morrone, sino otro radical, Gonzalo Quevedo.

En tres ocasiones

Según se pudo determinar esto sucedió al menos en tres ocasiones: el 22 y el 30 de diciembre de 2014 y el 12 de marzo de 2015. Las autoridades del Concejo encontraron además algunas notas firmadas por la presidenta del bloque radical, Cristina Coria. En una de ellas, correspondiente al 22 de diciembre, la concejal planteó que ante la ausencia de Abad, y dado que Morrone no podía estar presente por razones "laborales" la banca sería ocupada por Quevedo. Pero el hecho de que Morrone haya asegurado que "nunca" tuvo conocimiento sobre su obligación de actuar como concejal, puso en duda la autenticidad de las razones planteadas en aquel momento por Coria.

Desde que el caso se hizo público Acción Marplatense, el Frente Renovador, la Agrupación Atlántica y el Frente para la Victoria acordaron tratar el tema en la comisión de Legislación para analizar allí los pasos a seguir.

En una reunión de presidentes de bloques, ayer se acordó que lo más conveniente sería, además de debatir públicamente el asunto, remitirle una copia del expediente a la Justicia ante la sospecha de que podrían haber sido cometidos varios delitos, como falsedad de documento público y usurpación de título. Junto a esto también se le solicitará opinión a la Asesoría General de Gobierno, la cual ya emitió diversos dictámenes sobre casos similares. En general, todos ellos contienen argumentos que apuntan en un mismo sentido, al considerar que la cobertura de vacantes de concejales debe producirse siguiendo un orden que, en este caso, habría sido alterado. En este sentido más de una vez el organismo hizo mención a conceptos tales como la voluntad democrática y al derecho de quien fuera candidato a incorporarse al cargo del cual es suplente.