La Asesoría General de gobierno de la Provincia de Buenos Aires hizo público un dictamen mediante el cual consideró que los reemplazos de dos concejales de la UCR producidos en los últimos meses fueron efectuados de manera "irregular" ya que al ser transitoriamente sustituidos por Gonzalo Quevedo y no por su suplente "natural", Roxana Morrone, sus bancas fueron ocupadas de manera indebida.

Con esta conclusión, el organismo dejó la puerta abierta para que a partir de ahora el caso sea presentado ante la Justicia, para que se establezca si ante el incumplimiento de los procedimientos previstos cabe la posibilidad de imponer sanciones legales.

El dictamen fue publicado la semana pasada en la página oficial de la Asesoría y se encuentra disponible para su lectura. De todos modos aún no fue formalmente ingresado al Concejo para que la comisión de Legislación inicie su tratamiento.

El texto fue elaborado por pedido de concejales de diferentes bloques, quienes tras realizar una revisión del contenido de algunas actas de sesiones recientes, hallaron algunos datos que llamaron su atención.

En concreto descubrieron que el 22 y el 30 de diciembre últimos el radical Maximiliano Abad, que se encontraba de licencia, había sido reemplazado por el concejal suplente Gonzalo Quevedo, quien meses más tarde, el 12 de marzo, también fue convocado para cubrir a otro radical, Mario Rodríguez.

No obstante, quien debía cumplir con esa tarea en primer término era Roxana Morrone, una dirigente cercana a Francisco De Narváez, que formaba parte de la lista de la Udeso por la que en 2011 habían ingresado al Concejo tanto Abad como Rodríguez y en la cual, en aquél año, Vilma Baragiola apareció como candidata a intendente.

El caso cobró mayor notoriedad cuando la misma mujer hizo saber a través de una nota que ella "nunca" había tenido conocimiento de que debía cubrir una suplencia, contradiciendo así documentos firmados por la presidenta del bloque de la UCR, Cristina Coria, quien llegó a asegurar que Morrone no concurriría a las sesiones por "razones laborales" y que por eso su papel sería desempeñado por Quevedo.

Ante esta intrincada situación, semanas atrás la comisión de Legislación del Concejo había resuelto hacer un impasse en el debate, para pedirle a la Asesoría General de Gobierno su opinión al respecto.

Qué dijo el organismo

Finalmente, el dictamen, firmado por el titular del organismo, Gustavo Ferrari, fue muy crítico con lo ocurrido.

Si bien en el documento no se hizo referencia a cada uno de los detalles del caso, sí se describió claramente cuáles son los pasos a seguir cada vez que un concejal debe ser reemplazado, ya sea de manera definitiva o transitoria.

Básicamente se indicó que los concejales electos tienen que ser reemplazados por los de la misma lista por la que se postularon de manera "paulatina", siguiendo un orden.

En este caso, es claro que la nómina a utilizar es que la que compitió en 2011, la cual ubica a Morrone inmediatamente después de Abad y de Rodríguez, seguida recién después por Quevedo.

"En virtud de lo expuesto -señala el dictamen- podría inferirse que pese a que la señora Roxana Morrone resulta ser la reemplazante "natural" de un edil titular que solicitó licencia, lo cierto es que no asumió dicho cargo electivo". Más adelante, en el documento se indicó que "la situación advertida, amén de significar una evidente violación a la voluntad del voto popular, podría llegar a generar también algún grado de responsabilidad" legal "respecto de los funcionarios municipales involucrados o que tuvieron intervención decisoria en el "irregular" reemplazo de concejales".

Por otro lado, si bien el dictamen no lo menciona, es claro que la presencia de Quevedo en las tres sesiones en las que participó no fue neutra. Su condición de radical lo llevó a votar junto a su bancada todos los proyectos tratados en esas oportunidades, entre los cuales figuraron algunos de extrema importancia, entre ellos, el presupuesto municipal.

Todas las irregularidades tuvieron lugar justamente durante el mandato de Nicolás Maiorano (UCR) como presidente del Concejo, cargo al cual había accedido a mediados de año, tras la remoción de Vilma Baragiola.

Los hechos investigados ahora salieron a la luz luego de que su mandato como titular del cuerpo no fuera renovado, provocando que la presidencia quedara nuevamente en manos de Ariel Ciano (Acción Marplatense).

En el dictamen la Asesoría también sugirió qué camino legal debería ser transitado de ahora en más, al citar algunos artículos del Decreto Ley 6769/58, que establece la responsabilidad política, civil, penal y administrativa de los "funcionarios municipales por todo acto que autoricen, ejecuten o dejen de ejecutar excediéndose en el uso de sus facultades o infringiendo los deberes que le conciernen en razón de sus cargos".