El jefe del bloque del Frente Renovador, Cristian Azcona, presentó durante la sesión de ayer una cuestión de privilegio para dar a conocer el contenido de un dictamen de la Asesoría General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, mediante el cual ese organismo consideró que dos concejales de la UCR que solicitaron licencias fueron reemplazados de manera "irregular" debido a que sus cargos no fueron ocupados por su sustituta "natural", sino por otro suplente que habría participado de distintas sesiones y reuniones de comisión de manera indebida.

Azcona pidió que ese dictamen -el cual ya se encuentra publicado en la página web de la Asesoría- sea incorporado al expediente que está en tratamiento en la comisión de Legislación, para que así, pueda ser debatido el lunes próximo. Además solicitó que la Procuración municipal agilice la elaboración de un dictamen propio al respecto, para contar también con la opinión del área legal de la Municipalidad. El documento publicado por la Asesoría fue elaborado por pedido de la comisión de Legislación del Concejo hace varias semanas.

En concreto, al organismo se le pidió que se expidiera sobre lo ocurrido en las sesiones del 22 y el 30 de diciembre últimos, así como en la del 12 de marzo, cuando el suplente de la UCR, Gonzalo Quevedo, actuó como concejal para sustituir a los ediles de su propio partido, Maximiliano Abad y Mario Rodríguez. Si bien en su momento la presencia de Quevedo no mereció ninguna objeción, su actuación quedó bajo la lupa cuando otra concejal suplente, Roxana Morrone, presentó una nota ante el Concejo asegurando que "nunca" había sido convocada para ocupar una banca ante la ausencia de otros ediles.

Morrone, cercana a Francisco De Narváez, figuraba en el tercer lugar en la lista de candidatos de Udeso que compitió en las elecciones de 2011 y que postulaba a Vilma Baragiola como intendenta. Su nombre aparecía después de los de Abad y Rodríguez, por lo que -según dictaminó la Asesoría- ella debería ser considerada como la sustituta "natural" de ambos ante cualquier ausencia definitiva o transitoria. Por esa razón la presencia de Quevedo en las sesiones -quien ocupaba el cuarto lugar dentro de la misma lista- fue considerada como algo irregular.

Consecuencias

"Estamos muy preocupados por esta situación", señaló ayer Azcona, quien le reclamó a la UCR que "reconozca su falta" y que "no culpe al personal de planta del Concejo por esta evidente anomalía". Por su parte el concejal de Acción Marplatense, Héctor Rosso, rechazó las explicaciones que en su momento dio el radicalismo, que planteó haber convocado a Morrone a través de mensajes de Watshapp, subrayando que por su lado la mujer aseguró por escrito que "nunca" tuvo noticias de que debía cubrir una suplencia. "Esto se hizo a espaldas de ella", sostuvo. Además Rosso indicó que el dictamen de la Asesoría "genera nuevas dudas" cuyas respuestas tendrían que ser provistas por ese organismo, al que sugirió hacerle una nueva consulta sobre, por ejemplo, la legalidad de las ordenanzas votadas por Quevedo.

La respuesta de la UCR partió de Nicolás Maiorano, quien ejercía la presidencia del cuerpo cuando ocurrieron las irregularidades denunciadas. El concejal relativizó la trascendencia del dictamen subrayando apenas se trata de una "opinión y un punto de vista", que además, posee una serie de consideraciones sobre "lo que podría haber pasado" y, a su juicio, no sucedió. Además les reprochó a las otras bancadas haber formulado ante la Asesoría preguntas "tendenciosas" con la aparente intención de condicionar su respuesta y no haber aportado toda la información necesaria para describir lo ocurrido. Asimismo Maiorano fustigó al titular del organismo, Gustavo Ferrari -quien firma el dictamen- a quien se refirió varias veces como "este muchacho" y le achacó ser una figura cercana a Francisco de Narváez y al massismo. El concejal insistió en que el dictamen se refiere a "eventualidades", destacando el uso de verbos en potencial en su redacción, como por ejemplo, cuando indica que ante lo ocurrido "la situación advertida, amén de significar una evidente violación a la voluntad del voto popular, podría llegar a generar también algún grado de responsabilidad" legal "respecto de los funcionarios municipales involucrados o que tuvieron intervención decisoria en el "irregular" reemplazo.