En el marco del segundo día del paro de 48 horas realizado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), afiliados al gremio, integrantes de la CTA, y del distrito local del Colegio de Trabajadores Sociales se movilizaron ayer hasta Tribunales, donde interrumpiendo el tránsito por la calle Brown, pidieron "verdad y justicia" por Laura Iglesias, quien el 29 de mayo de 2013 fue violada y asesinada en Miramar, mientras en su caracter de trabajadora social del Patronato de Liberados Bonaerenses desarrollaba su actividad en el marco de precarias condiciones laborales.

Portando carteles y pancartas, los manifestantes expresaron que el único imputado no pudo haber actuado solo como pretenden hacer ver los jueces y fiscales. Por eso exigieron que todos los responsables materiales y políticos del crimen sean juzgados y condenados.

Según los integrantes de ATE, la Fiscalía descentralizada de la zona no tuvo en cuenta el tipo de trabajo que hacía Laura Iglesias. Pero no sólo eso: también creen que no investigó similitudes con otros femicidios de la zona de la costa, como los de Natalia Melmann o Mara Matheu; no analizó muchas de las evidencias encontradas por considerar que existía superabundancia de pruebas; no explicó cuestiones elementales como la inexistencia de rasguños en el único imputado (Cuello) y, contrariamente a lo que prometió, no investigó datos aportados por la familia de Laura Iglesias.

El juicio al único imputado por su asesinato se realizará del 8 al 11 de junio en la sede del Tribunal en lo Criminal Nº 3 (Almirante Brown y Tucumán). "En razón de que el organismo lo consideró un crimen común, las condiciones de labor no se modificaron a partir de la muerte de Laura Iglesias. Para las trabajadoras, en materia de seguridad, no hubo avances", dijo Alicia Echarri, trabajadora social del Patronato de Liberados Bonaerense. Y agregó: "Como el miedo quedó instalado, hubo muchas que renunciaron o tienen carpetas psiquiátricas; trabajamos con una población de riesgo, pero eso no es tenido en cuenta".