por Fernando del Rio

Diego Armoa Reyes (36) no era un preso más en Batán. Era uno de esos que tenía el galardón de haber cometido el mejor de los crímenes, según la consideración tumbera: el de un policía. Eso que es premiado en la cárcel, debería ser castigado duramente fuera de ella. Y, en ese sentido lo entendieron los jueces que lo condenaron a 30 años de prisión en 2007, pero los otros jueces, los de ejecución, entendieron que 8 años después estaba en condiciones de ser beneficiado con salidas transitorias.

Ayer, jueves, fuerzas policiales confirmaron que durante un allanamiento a la cárcel de Batán, más precisamente al predio donde se emplazan las viviendas del plan Casas por Cárceles, Armoa Reyes fue detenido y acusado de ser el autor del asalto al Hospital de Comunidad el jueves 21 del corriente, y ahora se investiga si participó en otros hechos similares los jueves anteriores.

El jueves, día clave de la semana, en la historia de Armoa fue determinante para consolidar la prueba que hoy lo incrimina. Es que el jueves es el día que tenía asignado como de salida, desde horas tempranas de la mañana hasta las 7 de la tarde. Salía del penal, y regresaba. Todo por poseer los requisitos y condiciones para recibir dicho beneficio.

En los últimos días, la comisaría distrital segunda realizó una precisa investigación tras el asalto al Hospital Privado de Comunidad y estableció que uno de los autores -un cómplice huyó- había sido Armoa Reyes.

La fiscal María Isabel Sánchez lo imputó del hecho ocurrido el jueves 21, en el que junto al otro individuo intentó robar las oficinas administrativas del hospital emplazado en Córdoba y Juan B. Justo. Dentro del nosocomio Armoa Reyes atacó a tiros a un policía y en su huida se tiroteó con otro, antes de robar un remís y escapar con rumbo desconocido.

La investigación

En las horas posteriores al asalto, la policía recuperó el remís en un barrio periférico de la ciudad y halló rastros de sangre en su interior, con lo cual supuso que el delincuente estaba herido.

Ese dato, junto con el registro de cámaras de seguridad, testimonios de personas que vieron la huida y el asalto, reconocimiento fotográficos y otros elementos de prueba sirvieron para tener una idea posible del prófugo. Pero la clave de todo fue el día jueves.

En las últimas semanas varios asaltos similares (en consultorios externos del HPC, en la cooperativa Coopetel, y en otros comercios) se produjeron en ese día y los investigadores intuyeron que podía tratarse de algún convicto con beneficio de salidas transitorias. Entonces la pesquisa se orientó hacia el penal de Batán y allí se obtuvo cooperación decisiva del Servicio Penitenciario, cuyos agentes del sector de Casas por Cárceles señalaron que un interno estaba rengueando. El intercambio de legajos y fotografías hizo el resto para confirmar la identidad de Armoa Reyes.

La fiscal Sánchez solicitó a la Justicia de Garantías tres órdenes de allanamiento: una para la casa en la que residía Armoa Reyes dentro del predio penitenciario de Batán y otras dos para viviendas relacionadas a él, en el barrio Centenario.

El jueves por la noche personal policial llegó hasta la cárcel de Batán y allí esperó el retorno de Armoa Reyes, quien cumplía (al menos eso cumplía) con su obligación de regresar después de las 19. En esas circunstancias la policía apoyada por el grupo Halcón lo detuvo y requisó la vivienda, donde fueron hallados insumos médicos para el tratamiento de la lesión que Armoa Reyes presentaba en su ingle izquierda.

Mientras esto sucedía, en dos departamentos del barrio Centenario decenas de policías irrumpían. En uno de ellos fue aprehendida la novia de Armoa Reyes, una mujer de 37 años que tenía oculto un revólver calibre 32 largo y seis teléfonos celulares. Ahora se tratará de determinar si ese es el arma usada por Armoa en el asalto al HPC y si alguno de los teléfonos fue sustraído durante el hecho.

Inverosímil

El 10 de agosto de 2002 Diego Armoa y un cómplice se introdujeron en la galería Eves, por uno de los laterales de la firma financiera Jonestur. Allí, en plena peatonal San Martín, ambos creyeron avistar algo que estaba muy de moda por aquellos tiempos de crisis: un "arbolito". Sin embargo se equivocaron y a quien intentaron asaltar fue a una persona que caminaba por la galería.

Fue en ese momento que intervino el policía Manuel López Araya (32), quien se trabó en lucha con Armoa y su cómplice hasta que se inició un intercambio de disparos. Los peritajes arrojaron que el policía alcanzó a efectuar algunos tiros con su arma reglamentaria, aunque de forma intimidatoria. En cambio Armoa efectuó sólo uno. El proyectil impactó en el abdomen del policía y le causó una lesión de gravedad. Antes de escapar en una motocicleta de 125 centímetros cúbicos, los delincuentes le sustrajeron la pistola calibre 9 milímetros a López Araya, quien falleció tras una agonía de 16 días.

Armoa fue detenido tiempo después y los investigadores pudieron secuestrar un revólver calibre 44. Puesto a disposición de la Justicia se le inició el proceso para llegar al juicio oral. Lo singular del caso es que Armoa fue beneficiado por el arresto domiciliario, que cumplió precisamente en una vivienda del barrio Centenario. De acuerdo a los archivos, mientras gozaba de ese beneficio amenazó con un arma de fuego a un vecino y en el debate, celebrado en septiembre de 2007, los jueces Esteban Viñas, José Antonio Martinelli y Aldo Carnevale lo condenaron a la pena de 30 años de prisión, por el homicidio y las amenazas calificadas.

El Juzgado de Ejecución Penal Nº2, a cargo de Juan Galarreta, el 23 de diciembre último ordenó a la jefa del Servicio Penitenciario Bonaerense, María Piermarini, la incorporación de Diego Armoa Reyes al régimen abierto del Programa Casas por Cárceles. Desde entonces y con una condena a 30 años aplicada hace sólo 8, el beneficiado, pese a informes contrarios en cuanto a su buena conducta y niveles de adaptabilidad y violencia, salía los jueves a juntarse con el resto de la sociedad civil.