LA PLATA (Corresponsalía)

El concurso para ocupar los cargos jerárquicos de la Policía Judicial comenzó a mediados de mes y miembros del jurado evaluador calculan que los ganadores se conocerán recién a fin de año.

Si las estimaciones son correctas el Cuerpo de Investigadores Judiciales (CIJ) podría comenzar a trabajar a partir del año que viene, o al menos la cúpula podrá entonces iniciar los preparativos y reclutar a los investigadores antes de ponerlos a trabajar en la calle.

Actualmente los miembros del jurado están evaluando los exámenes escritos que rindieron los aspirantes a los cinco cargos de la cúpula y a los que buscan la subsecretaría descentralizada de Junín y de Mar del Plata, los dos departamentos judiciales donde comenzarán las tareas como prueba piloto. El examen escrito se tomó entre el 13 y el 17 de este mes y fue el primer paso luego de que la Procuradora General de Justicia y jefa de todos los fiscales, María del Carmen Falbo, y los miembros del jurado decidieran frenar el proceso de implementación para pedirle a la Legislatura que modifique la ley porque se habían inscripto pocas personas y con poca experiencia en investigación de delitos. La idea del Ministerio Público era que se anoten fiscales, pero el cargo de fiscal es vitalicio y el de director general de la Policía Judicial dura como máximo 8 años.

Quienes superen la instancia escrita deberán realizarse un examen psicofísico, previsto para después de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 9 de agosto, y luego el jurado evaluador tomará una prueba teórica en donde le darán un caso complejo a cada uno de los aspirantes para que expliquen cómo lo resolverían.

Para los dos cargos más altos, director y subdirector, rindieron 16 personas, que previamente presentaron una propuesta de gestión. Ninguno de los anotados es fiscal o tiene una vasta experiencia como se esperaba.

El jurado evaluador está compuesto por representantes de los estamentos Suprema Corte, Procuración General, Cámara de Senadores y Cámara de Diputados. Sus integrantes son el jurista y ex magistrado León Carlos Arslanian, el director de la Policía Judicial de Córdoba Federico Storni, la fiscal general de Zárate Campana Liliana Maero, los académicos José Martocci, Hernán Gomez (fiscal de Estado bonaerense) y Hernán Gullco y los diputados Guido Lorenzino, Nelson Silva Alpa y Liliana Denot y los senadores Emilio Lopez Muntaner, Luciano Martini y Diana Larraburu.

Dos miembros de este jurado consultados por LA CAPITAL estimaron que los resultados de los concursos se demorarán hasta fin de año. Durante ese lapso procurarán que la Legislatura asegure un presupuesto acorde para el año que viene en la discusión parlamentaria de fin de año. Para 2014 el gobernador Daniel Scioli había destinado 50 millones de pesos y 61 vacantes, que no se utilizaron. Hasta ahora la Procuración se capitalizó con un inmueble en la capital bonaerense para la sede central del CIJ.

Correr a la Bonaerense

La demora de más de tres años, desde que sancionó la ley que creó la Policía Judicial hasta que se elijan quienes dirigirán el cuerpo de investigadores, se entiende por las funciones que deberá cumplir la organización. El CIJ intervendrá en la investigación de todos los delitos dolosos y de ilícitos cometidos por funcionarios públicos y miembros de las fuerzas de seguridad y penitenciarias y -a pedido de los fiscales- en los casos en que haya bandas organizadas o casos complejos. Los integrantes se especializarán en la búsqueda, recopilación, análisis y estudio de elementos de prueba así como en la asistencia técnica y científica para el desarrollo de las investigaciones. Los legisladores pensaron este Cuerpo para quitarle los casos más graves, complejos y de resonancia pública a la Policía bonaerense.

La ley que creó el CIJ fue sancionada en diciembre de 2012 y, como informó en su momento este diario, su puesta en funcionamiento tuvo un retraso superior al previsto por la normativa debido a una serie de demoras en la Suprema Corte de Justicia, la Procuración General y la Legislatura.

Ese año la Policía Judicial fue una cuestión de Estado. El gobernador Daniel Scioli presentó dos proyectos para su creación y su vice, Gabriel Mariotto, impulsó una maratónica serie de foros por todo el territorio bonaerense para debatirla frente a la sociedad y organizaciones sociales. Fue una de las iniciativas más importantes que se debatieron en la Legislatura en materia de seguridad pero al año siguiente pareció haber quedado en el olvido en medio de una nueva emergencia en materia de seguridad.

La ley 14.424 estableció que para antes del 8 de mayo de 2013 debía estar nombrada la cúpula: director general, un subdirector y tres secretarios, que tendrán un año para diseñar un programa de gestión. Para ese entonces, ni la Suprema Corte de Justicia, ni el Ministerio Público, ni la Legislatura había nombrado a los miembros del jurado. Tampoco se conformaron otros organismos de control externo.

En 2014 los miembros del jurado designados se reunieron mensualmente para acordar la forma en que iban a evaluar a los concursantes según los parámetros de la ley. Pero como en 2013 hubo recambio en las cámaras legislativas hubo que designar nuevos miembros del parlamento. Entonces la procuradora Falbo había pedido a los jueces del alto tribunal que los fiscales puedan pedir licencias con el fin de que se presenten para ocupar los puestos jerárquicos.