LA PLATA (Corresponsalía)

La Comisión Provincial por la Memoria apuntó contra la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires por la demora y los ?retrocesos? en la implementación de la Policía Judicial, que dependerá de ese organismo conducido por María del Carmen Falbo.

En el informe anual que presentó la CPM sobre el sistema de encierro y las políticas de seguridad, el organismo de derechos humanos criticó a Falbo por intentar borrar la temporalidad de los cargos de dirección del Cuerpo de Investigadores Judiciales, ?un aspecto que fue fundamental en los consensos (para sancionar la ley), y que representa una ruptura en la tradición institucional del Ministerio Público?.

Después de que se anotaran pocas personas y con experiencia insuficiente en investigación de delitos, la Procuradora General de la Suprema Corte de Justicia fue al Senado bonaerense a pedir a los Legisladores que cambien la ley para que el cargo de director y subdirector sea permanente y sólo pueda ser removido a través de Jury de Enjuiciamiento por negligencia, como el resto de los funcionarios y magistrados de la Justicia. La normativa establece que los nombramientos duran 4 años con posibilidad de renovar por otros 4.

?El argumento expresado confunde el sentido de la periodicidad de un cargo que no es otro que la evaluación de la gestión, con las causales de destitución o remoción en aquellos cargo judiciales que garantizan la estabilidad, motivados no en la evaluación de gestión sino en el mal desempeño por la comisión de faltas o delitos?, expresaron desde la Comisión Provincial por la Memoria sobre el pedido de Falbo.

El organismo de derechos humanos bonaerense creado por la ley 12.483 afirmó que ?la motivación fundamental para impulsar este proyecto fue aportar a la modificación del paradigma de investigación, basado en la delegación fiscal en la policía bonaerense y la intervención de esta última centrada en prácticas ilegales o arbitrarias y signadas por la desprofesionalización. También significó una apuesta por la búsqueda de reorientar la política criminal hacia la investigación de mercados y redes ilegales.

Y en ese sentido cargó contra la Procuración porque la falta de implementación de la Policía Judicial (como también de la autonomía de la defensa pública) ?confirman un esquema de política criminal centrada en los eslabones más débiles de las cadenas delictivas y en la delegación del control territorial a la policía bonaerense?.

?En los distintos informes de la CPM, hemos caracterizado los aspectos centrales del diseño de la política criminal de la Procuración General -recordaron en el última edición presentada este año-. Expresamos el fortalecimiento de estrategias de persecución penal dirigidas a la captura de los autores de delitos torpes, en base a un esquema que se asienta en las prácticas ilegales y arbitrarias de la policía bonaerense. También hemos evidenciado la falta de orientación de la política criminal a la indagación de mercados y redes de ilegalidad, y el consecuente diseño de estrategias para alcanzar tal fin. También describimos y corroboramos la falta de estrategias específicas en la persecución de los delitos ligados a la violencia estatal, en particular la ocurrida en contextos de encierro, ya sean cometidos por fuerzas policiales o penitenciarias?, criticaron.

Legislatura y el Jurado

Ya en 2013 la CPM señaló ?avances y retrocesos? y advirtieron ?que sólo se ha avanzado en la constitución de las instancias formales, con excepción del observatorio legislativo, sin identificar la existencia de una estrategia de implementación? y expresaron que ?los desafíos de crear una estructura inédita en la Provincia, con las diversidades en términos territoriales, poblacionales y de conflictividad, son mayores al dictado de resoluciones que se acumulan de manera burocrática?.

Además consideraron que una serie de resoluciones ligadas al proceso de selección de directores y subdirectores del Cuerpo de Investigadores Judiciales dictadas por la Suprema Corte de Justicia y la Procuración constituyeron ?verdaderos retrocesos?.

En ese sentido señalaron la resolución de la Procuración General 661/13 que limita la posibilidad de presentarse a concurso sólo a quienes tengan título de abogado, licenciado en criminalística o criminalística y criminología. ?Esta restricción no sólo es inconstitucional sino incorrecta en términos técnicos; luego de varios debates al momento de la redacción del proyecto se llegó a la conclusión de que el perfil de dirección no debía quedar limitado a la ciencia jurídica u otra en particular, sino a la demostración de la aptitud profesional para dirigir un cuerpo de investigación orientado al delito complejo?.

Por otro lado, los miembros de la CPM se mostraron preocupados por ?indicios que dan cuenta de que el jurado evaluador estaría asumiendo un rol no previsto en el marco de la implementación?, en referencia a que habrían planteado a la Suprema Corte de Justicia que se contemple en el sueldo de los miembros de la Policía Judicial el bloqueo de título y la antigüedad.

?En este contexto de falta de estrategias e irregularidades en la implementación, la Legislatura provincial no ha creado todavía el observatorio legislativo. Esto es importante ya que sus atribuciones no están limitadas al diagnóstico del funcionamiento sino que tiene habilitado el seguimiento y monitoreo de la implementación con facultades para recomendar. Este observatorio debe ser constituido de inmediato, integrando un actor más al control y seguimiento, lo que sin dudas minimizará la posibilidad de que se profundicen las distancias en el proceso de implementación entre la esencia del texto legal y las decisiones de la Procuración General, la Suprema Corte y el Poder Ejecutivo?, sostuvo.