Luciana Mateo

Corresponsal en La Plata

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Organismos de derechos humanos ven con preocupación el traslado del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) y denuncian que una Ley sancionada por el Congreso en 2009 otorga libertad a los laboratorios privados para que negocien con el derecho a la identidad de millones de argentinos.

En 2013 el gobierno nacional reglamentó la Ley 26.548 de 2009 que establece el traslado del BNDG del Hospital Durand -donde funciona desde su creación en 1987- a una dependencia del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva que actualmente conduce Lino Barañao.

El traspaso cuenta con el visto bueno de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo que conduce Estela de Carlotto, pero no con el de otras Abuelas que, al igual que varias agrupaciones de derechos humanos, temen que en el traspaso se pierda información valiosa.

Ese mismo año las organizaciones se reunieron en el colectivo ?Todos por el Banco Nacional de Datos Genéticos? para evitar el traslado y preservar tanto las muestras de sangre de familiares que buscan a sus nietos robados como las de cualquier argentino que dude de su identidad y se encuentre en la búsqueda de sus orígenes biológicos.

?Una sola muestra que se cae y se pierde la historia de toda una familia?, dice a LA CAPITAL Gabriela Figueroa, abogada de ?Todos por el Banco?.

Elsa Pavón, abuela de la primera nieta recuperada en democracia por el trabajo del BNDG (Paula Logares), agrega que ?estamos luchando para que no lo saquen de ese lugar. Allí nació y nos parece lógico que allí se quede; en ese lugar se está trabajando muy bien, con profesionales preparados. El traslado no nos genera confianza?.

Pavón, que también preside la Fundación Anahí, -para la recuperación y preservación de la memoria histórica- señala además que ?todavía falta identificar a muchos chicos; entre ellos a Clara Anahí Mariani, la nieta de ?Chicha? Mariani?.

Para evitar la mudanza, el colectivo presentó hace dos años una medida cautelar ante el Juzgado Federal en lo Contencioso Administrativo N° 1 que encabeza Ernesto Marinelli.

En un primer momento la medida les fue concedida pero luego denegada; ahora la causa deberá resolverse ante la Corte de Justicia de la Nación.

?Politización? del Banco

Los organismos advierten además que hay una ?politización? del BNDG.

?El Banco funciona en un hospital público de la Ciudad de Buenos Aires pero a partir de la intención de mudarlo al edificio de un Ministerio se está avanzando sobre la manipulación interna?, señala Figueroa, y agrega que, de esta manera, la entidad quedará ?vulnerable al gobierno de turno?.

Según información del Ministerio designado, el traspaso total todavía no se concretó pero ya se está mudando equipamiento, perfiles genéticos digitales, muestras biológicas y archivos a la nueva sede de Avenida Córdoba 831 (en la Capital Federal).

Más de 3 millones de apropiados

La decisión del traspaso no sólo preocupa a las víctimas del terrorismo de Estado.

La misma Ley 26.548 (del diputado del Frente para la Victoria Remo Carlotto) restringe el almacenamiento y análisis de la información genética dentro del Banco para el esclarecimiento de delitos de lesa humanidad que haya cometido Estado nacional hasta el 10 de diciembre de 1983.

La legislación deja afuera a los cientos de desaparecidos en democracia y a los más de 3 millones de argentinos que desconocen su identidad biológica, hombres y mujeres de entre 16 y 80 años que nacieron en clínicas u hospitales públicos y fueron anotados como hijos propios por otras personas que no eran sus padres biológicos, es decir, apropiados.

Luis Verdina es uno de ellos. ?Esta Ley es recesiva porque cuando se legisla en derechos humanos no se puede ir hacia atrás?, asegura a LA CAPITAL.

Verdina -presidente de la ONG ?¿Quiénes somos??- considera en ese sentido que ?el Banco tiene que ser una herramienta para destrabar una situación en la que esté en juego el derecho a la identidad de cualquier argentino?.

?Antes de la Ley muchos de nosotros había llevado sus muestras de ADN al Banco, confiando en ese organismo ¿Qué va a pasar ahora con esas muestras??, se pregunta Verdina.

Figueroa agrega que ?el Banco se creó gracias a la lucha de las Abuelas, para identificar a sus nietos y nietas apropiados por la dictadura genocida. Pero desde su inicio y hasta el 2009 fue un lugar al que podían acudir todas las personas: hasta ese año también ayudó en causas de filiación de cualquier persona con un costo mínimo?.

La abogada alertó por otra parte que ?si el Equipo Argentino de Antropología Forense creyera mañana que encontró a Jorge Julio López, el Banco no lo podría auxiliar en la identificación porque tiene capacidad de actuación hasta el 10 de diciembre del ?83?.

En agosto de 2013 ?Todos por el Banco? inició un juicio contra el Estado nacional ?en especial contra el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva- pidiendo que se declare la inconstitucionalidad de los artículos 2 y 5 de la Ley 26.548 pero el pedido todavía no fue resuelto en lo Contencioso Administrativo.

Negocios

A fines de abril, el Gobierno nacional desplazó a la directora del Banco -Belén Rodríguez Cardozo- y designó en su lugar a Mariana Herrera Piñero y a Walter Bozzo en el cargo de subdirector general técnico.

Las ONGs denuncian irregularidades en el nombramiento de Herrera Piñero porque ?argumentan- ?ella misma redactó el concurso que luego ganó?.

?Cuando se reglamentó la Ley hubo una Comisión asesora conformada por Daniel Corach, director de los principales laboratorios genéticos de Argentina, junto con Mariana Herrera Piñero, que es una de las principales directivas y socias de laboratorios privados, que se vieron beneficiados directamente con esta Ley?, explica Figueroa.

Herrera Piñero es doctora en Ciencias Biológicas de la UBA y tiene una extensa trayectoria en materia de estudios de genética forense: a través de su laboratorio Genda SA ha sido prestadora del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia, ha asesorado a la Comisión Nacional por el derecho a la Identidad (Conadi) y como perito de parte para Abuelas de Plaza de Mayo. Actualmente preside además la Sociedad Argentina de Genética Forense.

?Nosotros sentimos que en esa Ley se negoció una protección esencial de los derechos de quienes se presume que nacieron en dictadura, y que a los demás se los ha librado al destino de los laboratorios privados y a los precios que ellos ponen en el mercado?, destaca Figueroa.

Y detalla que ?un análisis de ADN en un privado cuesta entre 3 mil y 8 mil pesos, dependiendo del laboratorio y del tipo de estudio y tecnología utilizada?.

LA CAPITAL intentó comunicarse con Herrera Piñero, pero desde el Ministerio de Ciencia de la Nación aseguraron que ?el traspaso del Banco todavía no se efectivizó y las autoridades no están dando notas a la prensa?.

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