Por Ramiro Melucci

En agosto de 1995, el Concejo Deliberante elevó a la Suprema Corte de Justicia de la provincia las actuaciones que una comisión investigadora había realizado contra el intendente Mario Russak. Los concejales lo habían dejado al borde de la destitución al identificarle 11 causas graves, pero el jefe comunal igual pudo concluir su mandato unos meses más tarde, en diciembre.

Del proceso que arrimó a Russak al abismo, uno de los episodios políticos más resonantes de la historia política tras la vuelta de la democracia, pasaron 20 años. No era el primer golpe que recibía el intendente, que ya había sido procesado por presuntos "negocios incompatibles" con la función pública en diciembre del año anterior, tras lo cual el Concejo lo licenció y, apenas regresó al cargo un mes más tarde, lo interpeló.

El contexto tampoco le era propicio: con su partido Mandato Regional había quedado cuarto en las elecciones del 14 de mayo. Sólo 17.995 marplatenses lo votaron para que fuera reelegido intendente, muy lejos de los 114.144 que encumbraron al radical Elio Aprile.

El último día de julio de 1995 la comisión investigadora, presidida por el concejal radical Jesús Porrúa, recomendó al cuerpo legislativo calificar a 11 de las 17 causas investigadas como "faltas graves". Los temas eran de los más variados: desde la licitación y contratación de una empresa para la disposición final de residuos y la obra de desagüe del arroyo Las Chacras hasta las contrataciones de Juan Manuel Serrat y Alejandro Lerner para participar en la Fiesta Nacional del Mar.

Licitaciones de balnearios, adquisición de semáforos y la compra de terrenos para un plan de viviendas eran otros de los asuntos con los que el Concejo arrinconó a Russak. Pero quizá el símbolo fue la causa del estacionamiento medido, en la que Russak había sido procesado. Los investigadores analizaron las actuaciones administrativas a partir del hallazgo de restos de varios expedientes con signos de haber sido quemados.

La comisión concluyó que el Ejecutivo "incumplió la ordenanza y su marco regulatorio, al no asumir su responsabilidad de autoridad de aplicación" en el momento en que detonó el caso, cuando las empresas adjudicatarias de la concesión pintaron sin consultar dársenas de estacionamiento de numerosas calles de la ciudad.

Además, "incumplió" la ordenanza que encomendaba a los síndicos municipales de las concesionarias "la realización de una auditoría contable" para practicar valuaciones una vez rescindidos los contratos.

Russak respondió en duros términos: dijo que la investigación era "pura difamación" y anunció que querellaría a los concejales. "Es una vergüenza que se digan estas cosas de mí. Todo es un invento preparado para desprestigiarme, y eso que no estoy en campaña electoral ni en ninguna campaña política", deslizó.

Meses movidos

El proyecto de ordenanza para conformar la comisión investigadora encargada de "verificar la existencia o no de transgresiones, incumplimientos y/o faltas cometidas por el intendente en el ejercicio de su mandato" fue presentado en noviembre de 1994 por el bloque de la Alianza Marplatense, del que formaba parte el entonces concejal Gustavo Pulti. El Concejo no demoró el tratamiento: 21 días después, aprobó el planteo por unanimidad y dispuso interpelar a Russak.

En diciembre, el juez Reinaldo Fortunato procesó al intendente en la causa del estacionamiento medido. Paralelamente, la comisión investigadora del Concejo quedó constituida por Porrúa, Dora García y María Rosa Solsona (UCR); Pulti, Esteban Pérez y Diego Calcoen (Alianza Marplatense); Javier de la Reta, Kiti Kabalín y Adolfo Domiján (PJ); Jorge Gualdi (liberal disidente) y Daniel Sosa (peronista independiente).

Otra decisión del Concejo fue otorgarle a Russak una licencia por 30 días, durante la que estuvo al frente de la comuna la concejal justicialista Maryla Trápani. Según reflejaban las páginas de LA CAPITAL de la época, en el ambiente político se hablaba con insistencia de la posibilidad de que el intendente renunciara. Se comentaba incluso que le había prometido la dimisión al presidente Carlos Menem y al gobernador Eduardo Duhalde.

Pero el viernes 13 de enero, día en que finalizaba su licencia, Russak no renunció ni apareció para solicitar una ampliación del plazo fuera del cargo. Un párrafo de la edición del diario del día siguiente deja en evidencia la confusión reinante: "La desorientación era total, y entre los desorientados figuraba un alto dirigente del PJ, a quien el propio Russak le había mostrado durante el día la nota de renuncia."

El 25 de enero tuvo lugar la interpelación. En casi ocho horas de interrogatorio, Russak habló de los que consideró los logros de su gestión en materia financiera, pero los concejales le enrostraron el incumplimiento de ordenanzas vigentes, unos 80 pedidos de informes no respondidos y supuestas irregularidades en contratos de obras y servicios.

En febrero y marzo continuó la investigación con testimonios, tomas de declaraciones y pericias sobre cada uno de los temas en cuestión. En su defensa, el intendente dijo que apelaría cualquier decisión del Concejo por "vicios de procedimiento".

Finalmente, el jueves 10 de agosto, con el voto de 21 de los 24 ediles, el Concejo ratificó la investigación de la comisión y aprobó el envío del dictamen a la Suprema Corte. Con todo, Russak continuó en su cargo y en diciembre pudo traspasarle el mando a Aprile.

La crónica de su despedida es un canto a la desolación: alrededor de las 11 de la mañana del sábado 9 de diciembre, salió por la puerta principal del palacio municipal. Iba acompañado de su mujer y unos pocos colaboradores. Mientras caminaba hacia la calle San Martín, escuchaba los insultos de un grupo de vecinos.