Después de sufrir el tercer paro de recolectores de residuos, al que calificó de "innoble", el intendente Carlos Arroyo dijo que detrás de estas medidas de fuerza hay "un trasfondo político".

El jefe comunal habló en estos términos luego de que el gremio de camioneros levantara, ayer a media mañana, el paro que había iniciado el jueves a la noche en reclamo del pago a los trabajadores de la empresa Transportes 9 de Julio, concesionaria del servicio de higiene urbana.

"Todos han sido testigos de tres paros en poco más de 40 días de gestión", aseguró Arroyo, y contó que su administración recibió una deuda de $36 millones "solamente en este tema". Enseguida aclaró que el municipio pagó ese monto "por el acarreo de montículos y los certificados de noviembre, más septiembre y octubre".

"Eso no era de mi gestión, pero lo pagué yo. A esta gestión sí le corresponde diciembre, por lo cual ya llevábamos pagados, antes de este problema, 6 millones de pesos", agregó.

El intendente marcó lo que correspondería hacer por ley: "Generalmente, en nuestro sistema legal, cuando se va a hacer un paro, se intima y se va al Ministerio de Trabajo". Y continuó: "Trabajo convoca, se hace una audiencia, se genera un tiempo de negociación y si no hay arreglo, recién se decreta el paro. No se decreta un paro a las siete de la tarde, en una ciudad que está recibiendo millones de turistas, ni se genera una situación de riesgo para la salud de la población".

A su entender, "el procedimiento es absolutamente innoble porque no se procede de esa manera". Y dejó entrever que hay algo más detrás de las medidas de fuerza: "Evidentemente esto no es cuestión económica, acá hay un trasfondo político. Está clarísimo. El que no lo ve es porque no lo quiere ver".

Aunque no aclaró a qué se refería, advirtió que apelará a la ley para evitar otro conflicto: "Hay leyes que prohíben generar situaciones de riesgo para la población y yo voy a actuar en consecuencia. Yo, como representante político de General Pueyrredon y en cumplimiento del compromiso que representa el voto de miles de habitantes, actuaré estrictamente conforme a la ley. Ni una coma ni palabras menos, les haré cumplir la ley a todos lo que les corresponda, hasta el último minuto. Soy así, saben cómo actúo".

Arroyo recordó que él firmó el nuevo contrato con la empresa 9 de Julio, pero que la licitación fue adjudicada durante la administración de Gustavo Pulti. "Yo tenía todos los informes para firmar el contrato con la empresa 9 de Julio, pero yo no hice la adjudicación, sí la anterior gestión", dijo.

"Algo precipitada"

En línea con el intendente, el secretario de Gobierno, Alejandro Vicente, consideró "algo precipitada" la medida de fuerza de los recolectores porque no hubo previamente "una charla personal" con el gremio.

Vicente explicó cómo se destrabó el conflicto. "Nos comunicamos con la empresa y, a media mañana, la empresa se reunió en la Secretaría de Hacienda" con el secretario de Economía, José Cano. "Hemos garantizado que (el municipio) le va a pagar una parte más de la factura del mes de enero. De este modo, se tendría que destrabar el conflicto porque está garantizado el pago de los salarios de los trabajadores del sector", agregó.

Al igual que Arroyo, precisó que la gestión pagó la deuda de la anterior. "Hemos regularizado el contrato, que estaba precario cuando asumimos porque no tenía terminada la licitación pública y fue terminada. Se firmó un contrato por ocho años de vínculo con la empresa y eso da una tranquilidad para el sector. No obstante, toman medidas algo apresuradas y sin cordura", lanzó. Y mencionó que "está en juego un servicio público esencial como es la higiene urbana".

Vicente adelantó que el municipio realizará una inspección a la empresa, y que, de no cumplirse "las condiciones establecidas", aplicará el "régimen de sanciones" del nuevo contrato.

"La empresa es responsable"

El Sindicato de Choferes de Camiones responsabilizó del conflicto a la empresa 9 de Julio. "Dijo que supuestamente no le habían pagado lo que el municipio debía, pero hubo un adelanto de $13 millones la semana pasada y hubo otro adelanto hoy (por ayer). La empresa está jugando y está poniendo a los trabajadores delante de sus inconvenientes para ganar ellos", disparó Martín Sánchez, uno de los referentes del gremio en la ciudad.

Según el dirigente sindical, la empresa "se comprometió a pagar los salarios" en el Ministerio de Trabajo, por lo que "se levantó" la medida de fuerza y "se empezó a normalizar" la recolección.