Un día después de que la Corte Suprema de Justicia anulara el aumento de la tarifa del gas para los clientes residenciales, entidades que agrupan a pequeñas empresas e industrias advirtieron que se sienten "discriminadas" y que evalúan medidas para evitar el incremento dispuesto por el gobierno nacional.

La decisión judicial "resulta discriminatoria del comercio y la industria al mantener para ellos las nuevas exorbitantes tarifas a diferencia del consumidor individual", advirtió la Unión del Comercio, la Industria y la Producción local (UCIP).

"El fallo determina que los consumos domiciliarios son titularizados por los 'usuarios domiciliarios' y merecen un trato diferenciado con respecto de los usuarios del comercio y la industria, existiendo intereses de unos y otros 'individuales y homogéneos'. Esa diferencia se funda en que el comercio y la industria no habrían apelado el fallo recaído en la medida tomada por el Poder Ejecutivo Nacional, y supuestamente tendrían la posibilidad de apelar individualmente", indicó la entidad conducida por Raúl Lamacchia.

"La afirmación anterior no tiene el mínimo fundamento, dado que cualquier 'asociación de consumidores' representa a consumidores domiciliarios como a consumidores del comercio y la industria. En última instancia, todos somos consumidores del mismo servicio y estamos castigados por igual. Por lo expuesto, la apelación de las asociaciones de consumidores contiene a todos los usuarios y no admitimos la discriminación que se pretende hacer", añadió.

Según la UCIP, "las pymes están equiparadas totalmente al usuario individual y tienen serias dificultades para absorber estos aumentos, peligrando su misma continuidad".

Mencionó que la Cámara Federal indicó que las pymes "participan en el recurso realizado por el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis), que representó a los consumidores", y que "deja claramente establecido la homogeneidad resultante entre usuarios individuales y los del comercio y la industria, tal como lo dice el mismo fallo de la Honorable Corte de Justicia de la Nación en su apartado Nº3".

La UCIP dijo estar "estudiando las medidas a tomar para evitar esta descalificante discriminación, dado que si las tarifas no tienen fundamento, no lo tienen tanto para lo domiciliario como para el comercio y la industria".

Aumento "confiscatorio"

La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme) expresó su preocupación por la vigencia del tarifazo para el conjunto de usuarios no residenciales, lo que "abarca a sectores sensibles como las pymes, las empresas recuperadas y las cooperativas".

La entidad, que a nivel local preside Carlos Filippini, reconoció que "el fallo constituye en sí mismo un avance respecto de la situación precedente, ya que declara la nulidad de las resoluciones gubernamentales que fijaban el nuevo esquema tributario y sostiene la tarifa social, determinando que deben abonarse los valores vigentes previos a esas resoluciones".

Con todo, Apyme alertó que "en el actual contexto de recesión, caída de la actividad, aumentos de precios e ingreso de importaciones, la vigencia de un cuadro tarifario con aumentos como los que dispuso el Poder Ejecutivo resulta insostenible para miles de unidades productivas, del comercio y los servicios".

El límite del 500% con retroactividad del cobro de facturas "sigue resultando desproporcionado y confiscatorio", señaló. "Al no haber una segmentación adecuada hacia el interior del entramado productivo, serán los eslabones más débiles de la cadena los que sufran las peores consecuencias", advirtió.

La entidad ponderó en cambio el dictamen de la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, que marca que "el servicio público domiciliario de gas es un servicio indispensable para la salud y la vida digna", y destaca que "el acceso al servicio básico del gas es indispensable para la continuidad de la actividad económica de los comerciantes, las empresas ?en especial, las pequeñas y medianas?, las fábricas recuperadas y las cooperativas, de las cuales depende en gran medida la conservación de las fuentes de trabajo".

"Debemos recordar ?apuntó Apyme? que este universo de empresas representa más del 90% de las unidades productivas y genera el 80% del empleo". Por esto, "dejar instalada la inseguridad jurídica sobre el valor de las tarifas para este sector equivale a decretar el cierre de miles de empresas, suspensiones y despidos de trabajadores, situación que sin duda agravará la crisis ya existente".

A su entender, "debe tratarse de modo urgente esta situación por las vías legislativa, jurídica y política". Uno de los caminos "es crear de modo urgente la figura del ombudsman de las pymes, como se propuso oportunamente durante el tratamiento de la ley de fomento a las mipymes, a fin de impulsar un proceso colectivo que ampare al sector".

Este camino "debería seguirse también respecto del resto de los aumentos tarifarios, en particular de la electricidad y el agua, que también fueron fijados por el Gobierno de modo unilateral, sin audiencias públicas y con completo descuido por sus devastadores desequilibrios sociales y productivos sobre el conjunto de la población", cuestionó.

"Los cuadros tarifarios de servicios públicos responden a políticas de Estado, y como tales deben aplicarse de acuerdo con criterios de equidad, racionalidad y justicia para el conjunto de la población", añadió.