por Juan Carrá

Según el diccionario de la Real Academia Española, en su vigésima segunda edición, la palabra catástrofe tiene en su primera acepción el siguiente significado: "Suceso infausto que altera gravemente el orden regular de las cosas".

Se podría pensar, entonces, que el desborde del río Tartagal que días atrás provocó importantes inundaciones en la principal ciudad del departamento de General San Martín al norte de la provincia de Salta, limitando con Bolivia- se trata de una catástrofe natural causada por el gran caudal de lluvias en el país hermano.

Sin embargo, las causas de estas inundaciones son las mismas que las de hace cuatro años atrás: el impacto negativo medioambiental provocado por las empresas petroleras, madereras y pools de siembra, en su mayoría dedicados a la soja.

Aunque sin reconocerlo oficialmente, esta visión de los hechos fue avalada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien luego del alud que arrasó gran parte de Tartagal firmó el decreto que reglamenta la denominada Ley de Bosques.

Para que esta reacción llegara hubo que esperar a que se produjeran dos muertos y gran cantidad de desaparecidos por un fenómeno que ya se había preanunciado en 2006, cuando la crecida del río Tartagal causó inundaciones y una grave situación sanitaria, además de las numerosas pérdidas materiales. En aquella oportunidad, sin embargo, no hubo que lamentar víctimas.

Hace tres años

La ruta nacional 34 nace en la provincia de Santa Fe y se extiende hasta el límite con Bolivia atravesando gran parte de las provincias del noroeste argentino. Esta carretera es una de las vías más importantes de circulación de mercancías, principalmente combustibles provenientes de la cuenca petrolera del norte. Además, es la única vía de aprovisionamiento de alimentos y material sanitario desde Salta capital hacia el norte del país.

También esta ruta es una especie de demarcación artificial de los dos ecosistemas que conviven en la región. De un lado de la ruta nace el Chaco boreal salteño mientras que del otro surge la yunga salteño-boliviana.

El 31 de diciembre de 2005 se interrumpió la posibilidad de circular en cualquier tipo de vehículo por esta ruta a causa del derrumbe de un puente de hormigón ubicado sobre el  río Seco, a la altura del paraje Senda Hachada y a 15 kilómetros de la ciudad de Embarcación.

Aquel año nuevo en el departamento salteño de General  San Martín transcurrió sin luz ni agua, situación que se extendió casi todo el verano, quedando sus habitantes prácticamente aislados y desabastecidos. Caminar a diario más de cinco kilómetros por el barro se convirtió en una regularidad para unas 3.600 personas y sus cargas.

Las causas

En aquella oportunidad, al igual que en ésta, la voz de los habitantes de la zona afectada por la crecida desmedida de los ríos explicaba que el derrumbe del puente y las inundaciones no eran consecuencia de lluvias desmedidas y apuntaban a las empresas multinacionales que trabajan en la región como las culpables de sus desgracias.

Según las estadísticas meteorológicas de la época, las precipitaciones fueron las esperables en verano para un clima subtropical como el que impera en la zona. Sin embargo, dos cosas se conjugaron en aquella oportunidad para que esas lluvias naturales provocaran tamaño problema: por un lado la falta de regulación sobre las dañinas prácticas de las empresas instaladas en la región y por otro, la ausencia de inversión estatal para evitar una crisis de infraestructura pronosticada años antes por diferentes actores sociales.

Talarás a tu madre…

En lo que respecta al primer punto señalado, es el desmonte de la yunga el ejemplo más concreto que afecta a la situación catastrófica que entonces y hoy se vive en Tartagal y la zona.

La tala indiscriminada de las protecciones naturales contra las fuertes lluvias de la zona provoca que las aguas que bajan de los cerros en el verano no encuentran contención y caigan directo al suelo, escurriéndose a los ríos, modificando y multiplicando sus cauces hasta hacerlos desbordar.

A esto se suma una multiplicada erosión del suelo arcilloso que, junto al agua, forma verdaderos ríos de lodo que descienden de la zona serrana hacia las ciudades.

Las consecuencias

¿Las consecuencias? Aquí surge el segundo punto, grandes inundaciones en ciudades con pocas calles pavimentadas y sin desagües pluviales, e incluso el derrumbe de un puente de hormigón, como ocurrió aquel 31 de diciembre o como sucedió en estos días.

"Por supuesto, la caída del puente del río Seco iba a pasar" afirmaba la doctora Mara Puntano, reconocida abogada defensora de los derechos humanos y agregaba: "Hace años venimos denunciando la falta de control del Estado a las petroleras en la tala de árboles, que erosiona el suelo y cambia el cauce de los ríos".

Mientras la mercadería de cientos de camiones se pudría en la ruta, sólo hubo soluciones precarias, como un baden para que transitaran algunos vehículos. Ese recurso se desvanecía ante la mínima llovizna.

La instalación de un puente de estructura bailey que supliera al de hormigón se postergó durante semanas, aun cuando este tipo de puentes metálicos son  precisamente los que cualquier Ejército utiliza ante emergencias bélicas: no prosperaba el acuerdo entre el Estado y las empresas que lo colocarían.

Según un informe de Greenpeace realizado en 2006 mediante fotos satelitales de la zona del río Tartagal que hoy está en crisis, "con la tala en sus cabeceras (las del río) y los desmontes en la parte baja se produjo un grave desequilibrio del nivel de base del río. El río con desmontes tan próximos, sin adecuados corredores riparios, sin vegetación que detenga el agua y favorezca el depósito de sedimentos tomó condiciones de anegamiento, en un desmonte de 600 hectáreas, antes de su natural desembocadura en los bañados de Tacuruzal".

Para qué talar

Tecpetrol (de Techint), Refinor (de Petrobras), Repsol-YPf, Plus Petrol, Halliburton, Panamerican Energy, entre otras, integran el parque industrial internacional instalado en el departamento de San Martín.

Ignorando los daños ambientales y humanos, desde su comienzo en los ’90 estas empresas se deshicieron del grueso del personal de la industria petrolera y empezaron a descuidar el medio ambiente: eliminan desechos a cielo abierto o los vuelcan en los ríos (comprometiendo su composición natural); deforestan sin realizar la reforestación necesaria para no alterar el ecosistema; pelan montes para hacer caminos que posibilitan el ingreso de sus maquinarias perforadoras y emplean, para el abaratamiento de costos, técnicas de excavación con fluidos letales para la población y el medio ambiente.

Otro elemento a tener en cuenta a la hora de analizar las causas de la tala de la yunga es la expansión de la frontera productiva en términos agrícolas provocada desde fines de los ´90.

El boom sojero anclado en un exorbitante precio internacional de la oleaginosa- provocó que los grandes grupos de siembra buscaran tierras consideradas, hasta el momento, como improductivas para sembrar el llamado oro verde. Así, a fuerza de agroquímicos para que la planta soporte las adversas condiciones climáticas-  Salta y en particular la zona en cuestión, cambió su paisaje natural.