La fiscal María Isabel Sánchez pidió la elevación a juicio por la causa que investiga la muerte de Lucía Pérez y que tiene como acusados a Matías Farías, Juan Pablo Offidani y Alejandro Maciel.

La fiscal buscará dirimir en debate oral y pública lo sucedido el 8 de octubre de 2016 cuando la adolescente de 16 años falleció en la casa de Matías Farías, según la Junta Médica de la Suprema Corte bonaerense, producto de asfixia por congestión y edema pulmonar por el consumo de drogas luego de haber mantenido relacionados sexuales con el imputado.

La fiscal María Isabel Sánchez cerró la investigación y pidió que Juan Pablo Offidani y Matías Farías llegaran al debate oral imputados por “abuso sexual seguido de muerte agravado por el suministro de estupefacientes y femicidio”, mientras que Alejandro Maciel por “encubrimiento agravado”, con la imputación subsidiaria de “abandono de persona seguida de muerte”.

La investigación en todo momento puso a Farías en escena como un vendedor de drogas que había conocido a la víctima justamente por esa actividad ilícita que se desarrollaba.

Para la fiscal no caben dudas de que Farías organizó el encuentro del 8 de octubre con Lucía Pérez “con el fin de obtener un desahogo sexual”. “Farías tenía en poder el objeto de deseo de Lucía (las drogas). Esa es la relación de poder que es ejercida por el vendedor de drogas que capta adolescentes”, expresó Sánchez en el pedido de elavación a juicio y concluyó: “En este caso, además, es la clara vinculación hombre con poder y mujer vulnerable”.

En cuanto a Offidani, Sánchez considera que las pruebas demuestras que conocía el deseo sexual de Farías y que por eso colaboró para buscar a Lucía y llevarla a la casa de este. Lo que sucedió en la casa de Farías está parcialmente probado: Lucía consumió drogas junto a Farías provistas, mantuvo relaciones sexuales y murió a causa de un edema y congestión pulmonar por intoxicación.

La fiscal Sánchez asegura que las relaciones sexuales entre Farías y Lucía no fueron consentidas y por eso sostiene la hipótesis del abuso sexual. “La falta de consentimiento de la víctima para mantener relaciones sexuales, está dada principalmente porque, a partir del consumo de sustancias estupefacientes provistas por su agresor sexual, ésta no pudo consentir libremente la acción. Cierto es que algunas relaciones sexuales bruscas pueden ocasionar lesiones a nivel genital como las que presentaba la víctima. Pero la ausencia de mayores lesiones no puede descartar el acceso sexual no consentido”, explica.

“Debe valorarse la capacidad de decisión de Lucía para consentir o no las relaciones sexuales que se hallan probadas que existieron”, agrega y, en este punto, concluye: “La conexión final entre provisión de estupefacientes, y abuso sexual con el resultado muerte aparece probado, ya que el primero resulta el medio idóneo para vencer la voluntad de la víctima”.

Cabe recordar que las pericias constataron que existieron las relaciones sexuales entre Lucía y Farías, sin poder confirmar el abuso sexual, la fiscal sostiene que tampoco “puede descartarse”.

“Lucía Perez Montero ha sido víctima de abuso sexual por no haber consentido libremente tales relaciones”, asegura Sánchez y explica en la elevación a juicio: “La víctima fue puesta en situación de peligro, de mayor vulnerabilidad, por dos sujetos mayores de edad, y en ese contexto no pudo expresar libremente su consentimiento. El hecho que no haya rastros en su cuerpo de lucha, de defensa, no importa por sí mismo”.

Otro aspecto importante en la elevación a juicio es que Sánchez sostiene la hipótesis de que el cuerpo de Lucía Pérez fue lavado por los imputados antes de ser llevado a la salita de salud donde se constató su muerte. Hipótesis que no pudo ser confirmado por la Junta Médica de la Suprema Corte bonaerense.

“Offidani y Maciel acondicionaron el cuerpo de la joven para llevarla luego a la sala de emergencias”, afirma Sánchez para argumentar la imputación de “encubrimiento agravado”, que pesa sobre uno de os hombres.

Para esta argumentación, Sánchez se basa en los estudios practicados en los preservativos, en los que se encontró material biológico tanto de Lucía como de Farías, mientras que en los genitales de la víctima solo se halló su ADN. Para la fiscal, el único motivo para que Farías no hubiese transferido nada al cuerpo de la joven es que “los genitales de la adolescente fueron lavados con el fin de borrar rastros”.

“Maciel, lejos de ser un mero espectador, contribuyó a alterar los rastros el evento dañoso”, expresa la fiscal, quien también imputó a Maciel por “abandono de persona seguido de muerte”.

La fiscal destaca las personalidades e Farías y Offidani, a quienes considera que sienten un “desprecio hacia el género femenino” y por eso solicita que sus conductos sean consideradas dentro del marco de violencia de género.

Con estos argumentos es que la fiscal Sánchez solicita el juicio contra Farías y Offidani por “abuso sexual agravado por el suministro de estupefacientes seguido de muerte en concurso ideal con femicidio” y contra Maciel por “encubrimiento agravado”, con la calificación subsidiaria de “abandono de persona seguido de muerte”.

La fiscal descartó toda posibilidad de resolver la causa en un juicio abreviado.

Será en debate oral y público donde se resolverá la causa por la muerte de Lucía Pérez, en la que actuaron diferentes peritos, fiscales, abogados particulares y defensores oficiales con hipótesis que van desde el abuso sexual y femicidio, hasta una muerte por consumo de drogas. Será en el juicio donde las partes podrán aportar mayores precisiones.