El gobierno municipal suspendió ayer una jornada de vacunación que tenía previsto realizar frente a la Catedral por una manifestación de organizaciones sociales.
Por la mañana, la administración comunal anunció que se llevaría a cabo una nueva jornada de vacunación gratuita para adultos, de 10 a 14. Sin embargo, ese lugar fue utilizado por trabajadores del Centro de Prevención de las Adicciones (CPA) para llevar a cabo una radio abierta y una “volanteada” con el objetivo de difundir la “crítica situación de los servicios de salud”.
Con ese panorama, el municipio comunicó por sus redes sociales que se suspendía la actividad porque el espacio había sido “ocupado sin permiso por organizaciones sociales”. La vacunación fue reprogramada para mañana, también de 10 a 14.
La manifestación por el CPA fue impulsada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). El gremio advirtió sobre la falta de personal “que implicó el cierre de Casa de Día”, las “precarias condiciones edilicias” a raíz del “ámbito laboral inseguro e insalubre” y el “trabajo precarizado”.
En esa línea, pidió “la continuidad de las fuentes laborales, el pase a planta de los trabajadores precarizados y la urgente dotación de profesionales y técnicos para hacer frente a la creciente demanda de población de General Pueyrredon”. Y aclaró: “La salud es un derecho, el deber del Estado es garantizarlo”.
La semana pasada, trabajadores del CPA le escribieron una carta abierta a la gobernadora María Eugenia Vidal para ponerla al tanto de los inconvenientes. En relación con la falta de recursos humanos y a la precarización de los trabajadores, señalaron que tienen “compañeros contratados bajo la modalidad de ‘seguro público’, con bajos honorarios, sin prestaciones y a los que no se les garantiza la continuidad laboral”.
Agregaron que hay otros becados hace cuatro años no han sido pasados a planta permanente pese a que cuentan con los requisitos correspondientes. “No tienen prestaciones y tampoco se les garantiza la continuidad laboral”, lamentaron.
También puntualizaron que, por el inmueble en el que trabajan, se adeuda “un año de alquiler” y que, “debido a cuestiones burocráticas”, no se renovó el contrato. “Si bien contamos con la buena predisposición del dueño, las instalaciones han sufrido un gradual deterioro debido al alto tránsito de los usuarios del servicio”, indicaron.