LA PLATA
Corresponsal

Organizaciones sociales y gremiales de la provincia reclamaron ayer que el Senado bonaerense no apruebe la adhesión a la nueva ley de riesgos del trabajo que ya tiene la media sanción de la Cámara de Diputados provincial.
Vale recordar que la ley 27.348 sancionada por el Congreso nacional en febrero de este año por iniciativa del presidente Mauricio Macri introduce una serie de modificaciones en el sistema de Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART).
Entre ellas, establece que los trabajadores enfermos o accidentados en su ámbito laboral deberán pasar obligatoriamente por Comisión Médica antes de iniciar un juicio al empleador.
“En ese acto -que no es un acto médico- se va a determinar si esa persona está lesionada por las malas condiciones de trabajo sin conocer la actividad, el puesto de trabajo o la historia laboral de ese compañero”, señaló Lilian Capone, secretaria de Salud Laboral de la CTA de los Trabajadores.
“Nuevamente se implanta un sistema de desigualdad: el médico decide y el trabajador enfermo -en menores condiciones- debe acatar”, agregó al ser consultada por LA CAPITAL.
“Esta es la punta de lanza de la flexibilidad laboral, a esto no lo podemos separar de la desocupación y la precarización; lo único que vamos a lograr es tener un ejército de compañeros discapacitados”, remarcó Capone antes de ingresar al Foro Provincial de Debate organizado por senadores bonaerenses del Frente para la Victoria ? PJ en La Plata.

“Recorta derechos”

El secretario general adjunto de la CTA, Raúl Calamante, indicó por su parte que esta ley “va a intentar poner una traba en el reclamo de los trabajadores; primero, para demostrar que lo que sufrieron es una enfermedad o un accidente laboral y, segundo, recortándole derechos en la posibilidad de litigar ante una situación injusta”.
Del foro participaron además la CGT Corriente Federal, el Colegio de Abogados bonaerense, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia del Trabajo de la Provincia y la Asociación Nacional de Jueces y Juezas del Trabajo, entre otros.
Al término del encuentro, las organizaciones declararon en un documento que la Ley 27.348 “es jurídicamente inviable, inconstitucional y contraria a las convenciones que consagran la protección internacional de los derechos humanos”.