Las autoridades de la Universidad Católica Argentina (UCA) que presentaron hoy el informe ‘Empleo, Precariedad Laboral y Desigualdades Estructurales en la Argentina Urbana’, señalaron que las medidas aplicadas por el Gobierno en el último año en materia de empleo no tuvieron resultados positivos y advirtieron que esa situación podría tener efectos directos sobre el nivel de pobreza.

“Durante el último año, las medidas que buscaron resolver desajustes macroeconómicos, a la vez que crear un clima favorable para lograr una reacción favorable de los mercados, no han tenido la respuesta esperada”, señalaron las autoridades de la UCA.

El estudio fue presentado en una rueda de prensa en la sede de la universidad, en el barrio porteño de Puerto Madero, en la que participaron el rector, monseñor Víctor Manuel Fernández; el director de investigación del Observatorio de la Deuda Social Argentina, Agustín Salvia; y el investigador Eduardo Donza.

El informe da cuenta que casi un 10 por ciento de los argentinos se mantiene “abiertamente desocupado” y un 18 por ciento está “subocupado en actividades de baja remuneración y alta inestabilidad”.

“En tanto se mantenga el actual escenario recesivo, sólo cabe esperar un aumento del desempleo, los trabajos de subsistencia y de la precaridad laboral, y por lo tanto, de las desigualdades estructurales que afectan al mercado de trabajo, con efectos directos sobre la pobreza”, subrayó el trabajo a modo de conclusión.

Al ser consultado sobre las distintas mediciones estadísticas que existen en materia de empleo y pobreza, monseñor Fernández dijo que si bien el Indec es ahora “mucho más confiable, no es conveniente que sólo el Estado indague, procese, analice y comunique información sobre temas sociales, especialmente sobre la pobreza”.

Fernández adelantó que en marzo presentará un nuevo informe que no se reducirá a “medir la pobreza por ingresos” sino de “mirar la pobreza de manera multidimensional, prestando más atención a sus diversos aspectos”.

Salvia, por su parte, opinó que la llegada de inversiones al país no generará de manera automática un “derrame” hacia los sectores más afectados y que por eso se impone la necesidad de que el Gobierno implemente “políticas activas de desarrollo”.