Para el Suteba General Pueyrredon las declaraciones recientes de la presidenta del Consejo Escolar “nos dan la razón” ya que en el distrito de General Pueyrredon “faltan obras y recursos para las escuelas” y la llegada de aulas móviles “denuncian la situación”.

Gustavo Santos Ibáñez, secretario general del Suteba local junto a Zulema Casanova, secretaria de Salud-Cymat, dijeron a LA CAPITAL que las intervenciones que “se realizaron no llegan ni siquiera al 50% de los servicios educativos del distrito”. Esto significa que “a pesar del año y medio transcurrido del nuevo gobierno en la provincia de Buenos Aires y en Mar del Plata, no existe un plan de obras continuo, sistemático y con recursos suficientes”, aseguraron.

Por otra parte, desde el gremio se refirieron al Fondo de Financiamiento Educativo que llega a los municipios para ser destinado a las escuelas al decir que “las cifras que la funcionaria menciona -2 millones de pesos-, están lejos de los 183 millones destinados para el corriente año que la Municipalidad ya está recibiendo”. Entonces consideraron que “la situación se agrava al no reclamar al intendente Arroyo, del mismo signo político del bloque mayoritario del Consejo Escolar, que debe cumplir con la ley convocando a la Comisión de Seguimiento del Fondo que se creó por ordenanza del Concejo Deliberante, que debía además definir criterios de inversión de esos montos que se están recibiendo”.

Como ejemplo citaron las aulas que “debía construir la Unidad Ejecutora Provincial que no dio respuesta alguna” y se quejaron por el anuncio de instalación de aulas móviles en la ES 68, aprobadas por la Dirección Provincial de Infraestructura por un monto de $237.000. “Estas instalaciones son rechazadas no sólo por nuestro sindicato, sino por decisiones adoptadas en reuniones de Unidad Ejecutora Distrital en años anteriores, fundamentada en la precariedad de las mismas que exponen la salud y seguridad de docentes y alumnos”, aseguraron desde el gremio.

Por otro lado desde el Suteba dijeron que “nada se dice de las otras escuelas donde la necesidad de construcción de aproximadamente 20 aulas es un reclamo permanente de este sindicato y toda la comunidad educativa de esos barrios”. A la vez que citaron el caso del nuevo edificio de la Primaria 60 de Chapadmalal que “sigue esperando que lo pongan en funcionamiento, siendo este el testigo más evidente de la falta de una política de infraestructura escolar y de subejecución presupuestaria”.

Recorte

Por otra parte consideraron “un dato relevante que fue la misma gobernadora María Eugenia Vidal la que redujo el presupuesto educativo 2017 en un 3,2% significando un recorte de $16.533 millones de pesos. Fuerte recorte que representaría en toda la provincia la construcción de 998 escuelas secundarias o 1.764 jardines de infantes. Pero la solución encontrada es instalar dos aulas móviles”.

En este contexto, consideraron que “hay ausencia de un verdadero plan sistemático de mantenimiento de edificios escolares, de prevención en base a las recomendaciones de la Comisasep: agua segura, electricidad, gas, escuelas seguras”.

Por otro lado la creación del sistema “Alerta Escuela”, anunciado para dar respuestas rápidas ante los hechos de inseguridad y robos a través de un grupo de whatsapp por parte del Consejo Escolar, “exige mucho más que eso y es el de volver a articular con provincia y municipio la conformación de “Corredores Seguros”, que involucre soluciones también a las comunidades de los barrios más afectados por esta problemática”, aseguraron desde el gremio docente local.

Finalmente el Suteba General Pueyrredon consideró que “a la hora de hablar de educación de calidad uno de los factores determinantes son la condiciones materiales en la que se desarrolla ese proceso educativo”. Por eso dijeron que “la construcción del saber y la apropiación de esos conocimientos socialmente válidos, exigen que las autoridades educativas responsables del distrito, Jefaturas Regional y Distrital, Consejo Escolar, DPIE, soliciten al municipio y al gobierno de la provincia de Buenos Aires un plan de obra de infraestructura escolar, con recursos y plazos, que contemple además de la creación de nuevos edificios, lo que el mismo Consejo Escolar está reconociendo: edificios y aulas que hoy no pueden funcionar como escuelas”.