La Justicia Federal realizó 13 allanamientos en campos de la localidad vecina de Batán para determinar si el uso de agroquímicos en la zona está vinculado con los altos niveles de contaminación descubiertos en el agua utilizada en escuelas del lugar.

La causa que lleva adelante el Juzgado Federal 1, a cargo de Santiago Inchausti, busca determinar si el uso de “sustancias, en particular agroquímicos” en la producción frutihortícola de esos campos podría “estar contaminando el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente” en el área de las escuelas afectadas.

Los campos lindan con la Escuela Primaria 51 “San Francisco”, el Colegio Secundario 39 y el Jardín de Infantes 923, a los que asisten 600 alumnos y donde trabajan 100 personas, y en los que se detectó agua no potable.

El magistrado ordenó 13 allanamientos, realizados entre 11 y 14 de diciembre, en los que se obtuvieron muestras de suelo, de cultivos, de sustancias químicas utilizadas y de agua.

Esas muestras serán analizadas por el INTA-Balcarce, por la Autoridad del Agua de la provincia de Buenos Aires y en el laboratorio de Obras Sanitarias Sociedad de Estado (OSSE).

La investigación, en la que interviene la fiscal federal Laura Mazzaferri, determinó en actuaciones anteriores que el agua que era utilizada en los tres establecimientos educativos “no es apta para el consumo humano, habiéndose detectado altos niveles de nitratos, por fuera de los parámetros establecidos en el Código Alimentario Argentino”.

Por este motivo, además de las actuaciones propias de la investigación se ordenó a las autoridades municipales que garantizaran la provisión de agua potable a las escuelas, que hace más de un año se abastecen con camiones cisternas.

En la misma zona se encuentra el barrio Colina Alegre, donde también hubo vecinos que denunciaron contaminación y fumigaciones que no cumplen con las normativas vigentes para áreas pobladas, y la Unidad Penitenciaria de Batán.

En ese sentido, se ordenó la toma de muestras de agua del interior del complejo penal, para analizar si es apta para que sea consumida por sus más de 1100 internos.

La fiscalía solicitó además información a las salas sanitarias de la zona, para establecer si existen registros de enfermedades vinculadas al contacto con agroquímicos.

La causa se inició en 2013, y en ella participan como querellantes también un ex profesor de educación física de una de las escuelas y la madre de uno de los alumnos.

El ex docente, Jorge Picorelli, integra además de la asamblea de vecinos autoconvocados “Paren de Fumigarnos”, que impulsó decenas de denuncias por irregularidades en materia ambiental.