“En la actualidad, el sistema penal ya detiene a los menores de 16 años. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, de los 620 jóvenes que hay detenidos en los institutos de menores, entre un 5% y un 7%, tienen entre 13, 14 y 15 años. Es decir que el sistema, a partir de la excepción del artículo 74 de la ley de Responsabilidad Penal Juvenil, ya está deteniendo”, señaló a LA CAPITAL el abogado Roberto Cipriano García, en su visita a la ciudad para participar de las jornadas “No a la baja de la punibilidad”, que tuvieron lugar en la Facultad de Derecho este fin de semana.

Una vez señalado el argumento, Cipriano ratificó que “todos los menores de 16 años que cometen delitos graves, como homicidios o violaciones, están a disposición de la Justicia”, por lo que asegura, de manera contundente, que la idea de que esto no ocurre, algo señalado por los defensores de la medida, es una “falacia”.

Cipriano es actualmente secretario de la Comisión Provincial de la Memoria, organismo autónomo y autárquico, creado en 1999 por una resolución legislativa de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, cuyo objetivo principal es “desarrollar actividades de investigación y transmisión sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas en la historia reciente de nuestro país, con la idea de incidir en las políticas públicas de memoria, impulsando un fuerte reclamo de verdad y justicia”.

Por dicho rol y el desempañado en la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) del Ministerio Público Fiscal de la Nación, donde supo ser coordinador del área de violencia en contextos de encierro, siempre ha sido un acérrimo opositor al proyecto anunciado por el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, quien plantea “reducir la imputabilidad a partir de 14 años para delitos gravísimos, como homicidios o violaciones”.

Según Cipriano, esto ya ocurre, pero “lo que tiene que hacer el Estado es generar políticas de inclusión para los pibes”.

“Está comprobado que, en general, son situaciones de pibes donde la desprotección del Estado estuvo antes, donde se tendría que haber llegado antes para instruirlos, para asistirlos y para que puedan concurrir a la escuela y tener opciones laborales”, dijo, sosteniendo que los principales afectados son “los pibes de los barrios pobres”.

Destacó la situación vulnerable en la que estos jóvenes muchas veces se encuentran inmersos y el impacto que genera que “el primer contacto que terminan teniendo con el Estado sea la policía”.

Asimismo, Cipriano señaló que existe una “policía violenta”, que “los detienen sin orden judicial, los encierran muchas veces en las comisarías”, pese a que eso no esté permitido.

“Intentan generar respuestas simples a un problema complejo”, señaló, agregando que “la solución termina siendo más policías en los territorios, policías muy desprofesionalizados que, además, regulan el delito en el territorio. Esa es la única propuesta que se plantea para la inseguridad, generando todo un discurso que responsabiliza a estos pibes de los delitos que genera toda una situación más compleja”.

Señaló, a su vez, la importancia de destinar recursos a los organismos responsables de bregar por los derechos de los niños y adolescentes, como así también contar con la figura del Defensor de los Niños.

“Al no haber una respuesta en las políticas de inclusión, lo que termina pasando es que prevalecen las políticas punitivas. Hay una construcción social de que ese es el problema y la única forma de atacarlo es encerrándolos y poniendo más policías en territorio, cuando eso ya ha demostrado que no resuelve el problema, sino que al contrario, lo agrava”, indicó.

Un registro para la “violencia policial”

La Comisión Provincial de la Memoria anunció el lanzamiento de un “registro de casos de violencia policial”.
A través de un formulario accesible en la página web del organismo, la persona víctima o testigo de una práctica ilegal de las fuerzas de seguridad.

“Frente a la acción policial la intervención es muy importante. Aunque la mayoría de las veces evitar una detención sea muy difícil, hay muchas otras cosas que sí se pueden hacer. Una de las primeras herramientas clave es el registro, que se debe hacer de manera sistemática”, se detalla en la presentación.

De uso sencillo y completamente digital, con el Registro de Casos de Violencia Policial los usuarios pueden de manera accesible realizar aportes significativos para el relevamiento de hechos de violencia policial en los territorios y la sistematización de la información.

“Iniciamos este sistema porque hay innumerables casos de violencia en las ciudades y en los barrios, donde la policía detiene constantemente a los mismos pibes. Muchas veces, en esa circunstancia, en esa relación que se entabla entre los policías y los pibes, hay múltiples situaciones de violencia, de golpe, de hostigamiento, de insulto, eso es lo que siempre pasa desapercibido, todo el mundo lo ve o sabe que pasa pero no se registra. Nuestra misión es poder visibilizar esas prácticas, poder detectar en qué barrios pasa y cuáles son los policías que lo hacen, pudiendo lograr así un cambio y que estas violaciones a los derechos humanos sean abordadas por parte del Estado”, concluyó.