En el marco del juicio que se lleva a cabo en el Tribunal Oral N°2, hoy dará su testimonio el ex titular del distrito descentralizado “El Gaucho”, Juan Carlos Belmonte, imputado por ser el supuesto el líder de una organización ilícita que vendió cerca de 7.000 carnets de conducir apócrifos.

Desde un primer momento Belmonte aseguró que iba a hablar durante el debate. En el inicio del juicio ante los medios había declarado que diría “de quién era el negocio”. “Vamos a presentar las pruebas con mi abogado”, había expresado el imputado por “asociación ilícita, incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo y tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil”.

Belmonte, que está representado por el abogado Sergio Sosa Ortega, había reconocido más de una vez que había sido “obligado” a entregar carnets de conducir apócrifos a ciertas personas que los solicitaban.

El testimonio que dará Belmonte en el juicio es el que más expectativa generó desde el inicio de la causa, ya que podría acusar a algún político de haber estado por encima de él en esta maniobra en la que se entregaron más de 7.000 carnets de conducir a personas que no rindieron el examen.

El Tribunal Oral Nº2, compuesto por los jueces Néstor Conti, Alejandro Simaz y Roberto Falcone, también deberá juzgar las conductas de Luis Alberto Belmonte, Alberto Carlos Zelaschi, Sabrina Aylen Soria, Leda Raquel Araya, Verónica Noemí Benedetti, Raúl Ernesto Hernández, Fernando Eduardo Peña, Viviana Beatriz Pared, Ester Carolina Bonfini y Federico Bal.

Serán más de 100 testigos en 45 jornadas durante las cuales se prevé una exhibición de gran cantidad de prueba documental.

Inicialmente los imputados fueron 25; respecto de 7 de ellos se suscribieron suspensiones de juicio a prueba; otros 6 ex funcionarios municipales fueron ya condenados mediante la modalidad del juicio abreviado.

En total se detectaron 7.031 carnets irregulares emitidos por la gestión municipal anterior en el período que la fiscalía investiga. La investigación dio inicio hace aproximadamente tres años, cuando se determinó el allanamiento del Distrito Descentralizado El Gaucho y se procedió a tomar declaración a funcionarios de la gestión anterior y de empleados municipales ante la Justicia, bajo la figura de asociación ilícita, defraudación al erario público, falsificación de documentación pública e incumplimiento de los deberes de funcionario.