El juzgado federal en lo correccional y criminal 1 de San Isidro llamó a indagatoria al actual fiscal general de Mar del Plata, Fabián Fernández Garello y a otros cinco imputados por el secuestro y tortura de militantes comunistas durante la última dictadura.

La jueza Sandra Arroyo Salgado resolvió indagar a Fernández Garello en la causa iniciada por la denuncia que presentó el año pasado la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), sobre la base de documentos del archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA).

Esa documentación prueba que el actual fiscal general de Mar del Plata integró durante la dictadura la DIPPBA y participó como miembro de ese organismo en 17 hechos de espionaje ilegal, en el marco de las acciones persecutorias y represivas que fueron constitutivas del terrorismo de Estado, según la CPM.

Entre otros hechos, la información de la DIPPBA involucra a Fernández Garello en la causa por torturas de las que fue víctima un militante del Partido Comunista en 1982 y en la detención ilegal de tres militantes de esa fuerza política el 23 de Julio de 1981.

Con el grado de oficial subinspector, Fernández Garello participó del operativo conjunto que consumó esos secuestros, coordinado por la DIPPBA con la Brigada de Investigaciones de San Martín y el Destacamento de Inteligencia 201 del Ejército en Campo de Mayo, como también de otras diligencias posteriores.

“Es en base a esta prueba es que la jueza Arroyo Salgado decide el llamado a indagatoria del actual fiscal general marplatense”, puntualizó un comunicado de la CPM.

En su momento, a raíz de la denuncia y de la gravedad institucional del caso, la CPM , Abuelas de Plaza de Mayo, Cels, APDH, LADH, Asociación Judicial Bonaerense y Federación Judicial Argentina solicitaron el juicio político contra el fiscal y reclamaron que fuera apartado del cargo.

Respecto del pedido de remoción del cargo, el jurado de enjuiciamiento ya fue conformado pero todavía no fue convocado para tratar el tema.

No obstante, el llamado a indagatoria obliga a avanzar de manera urgente en el juicio político y en la destitución de Fernández Garello, puesto que su presencia en uno de los poderes del Estado es incompatible con los principios democráticos, según la CPM y otros organismos de derechos humanos que impulsan su remoción.