LA PLATA (Corresponsal).- Modernizar el sistema de investigación, reducir las instancias de apelación y otorgar un mayor protagonismo a la víctima son las principales modificaciones a las que apunta el gobierno bonaerense con el nuevo Código de Procedimiento Penal de la Provincia.

El Código actual ?sancionado por la Ley 11.922- es de 1997 y ya tuvo más de 30 modificaciones. “Está demasiado emparchado y perdió racionalidad”, dijo a LA CAPITAL Adrián Patricio Grassi, subsecretario de Justicia bonaerense.

El funcionario que coordina la comisión encargada de elaborar el proyecto de Ley de reforma aseguró igualmente que “el nuevo Código no va a ser radicalmente distinto del actual: se va a mantener el sistema acusatorio, la investigación a cargo del fiscal, el juicio oral y el juicio por jurados”.

La semana que viene la comisión tendría listo un primer borrador. Lo ideal es llegar al 15 de septiembre -fecha límite establecida por la resolución ministerial- con el proyecto de ley escrito para que luego lo analicen las cámaras legislativas.

Disminuir apelaciones

La comisión está presidida por el ministro de Justicia bonaerense, Gustavo Ferrari, e integrada además por un grupo de especialistas en Derecho.

Uno de los objetivos centrales del gobierno provincial es disminuir la cantidad de recursos disponibles para impugnar decisiones judiciales: resulta que en ocasiones son necesarias hasta 8 instancias ?con el transcurso de varios meses entre sí- hasta llegar a una condena firme.

El número ideal para la Provincia es 2.

“Hoy en día es un caos”, señaló Grassi, y ejemplificó que “para otorgar una libertad se puede llegar a 5 instancias ordinarias más 3 instancias por hábeas corpus”.

“Todo esto termina demorando los procesos, saturando el sistema y generando ?cuellos de botella? en los tribunales superiores”, aseguró el funcionario.

Grassi explicó además que “las garantías constitucionales hablan de una doble instancia, por eso apuntamos a que, cuando haya una resolución confirmada, ya se pueda hacer efectiva por más que exista alguna instancia más”.

“¿Cómo puede ser que haya casos que están dando vueltas desde hace 12 años?”, se preguntó el subsecretario de Justicia.

“Puede ser que haya algo de inactividad de los jueces y por ese motivo hay que fijarles plazos por ley, pero también influye que los abogados todo lo recurren”, remarcó.

Escuchar a la víctima

En los considerandos de la resolución ministerial que en mayo pasado creó la comisión se cuestionó la “clara tendencia legislativa de los últimos tiempos” a “dotar al imputado del máximo protagonismo dentro del proceso penal, dejando a un lado a la víctima del delito”.

En ese sentido, el gobierno de María Eugenia Vidal buscará lograr una mayor participación de los damnificados y para ello también se está trabajando sobre un proyecto de ley para que las víctimas ?al igual que los imputados- cuenten con un abogado en forma gratuita.

“Además, la idea es que la víctima pueda participar muchísimo más que hoy; por ejemplo, que los jueces la escuchen y le pregunten antes de tomar decisiones, como puede ser una libertad”, señaló Grassi pero aclaró que esa opinión “no sería vinculante”, es decir que los jueces no estarán obligados a actuar conforme lo exprese la persona damnificada.

“En un solo caso sí sería vinculante la opinión de la víctima y es en el juicio abreviado ?agregó el funcionario-, que es aquel en el que se pacta una pena entre fiscal y defensor y por ende no se lleva a cabo el juicio oral”.

“La idea es que ante la posibilidad de un juicio abreviado la víctima tenga que dar su expresa conformidad, es decir que se pasaría de un pacto entre 2 a un pacto entre 3”, finalizó.