BUCAREST.- Decenas de miles de empleados del sector público y jubilados salieron ayer a las calles de Bucarest y parañizaron el centro de la capital rumana, en protesta por los ajustes anunciados por el gobierno, que alcanzan hasta un 25% de los salarios públicos.

Los manifestantes, llegados de todo el país, respondieron al llamado realizado por las centrales sindicales que convocaron a reunirse frente a la sede del gobierno con el fin de protestar contra las medidas exigidas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para liberar préstamos por 20.000 millones de euros.

Según datos de la policía, los manifestantes fueron unos 30.000, mientras los organizadores hacen ascender esta cifra a 60.000.

Los sindicatos pidieron la renuncia del gobierno y amenazaron con proseguir con las protestas con una huelga general para el 31 de mayo.

En el acto estuvieron presentes representantes de la oposición liberal y socialdemócrata, ambas contrarias a las medidas anticrisis del gobierno, pero dijeron que participaron a título personal.

El gobierno rumano había ordenado a las fuerzas policiales blindar la parte céntrica de la capital, Bucarest, ante el llamado de los sindicatos, informó la agencia de noticias Europa Press.

El FMI informó que desembolsará la próxima serie de ayudas sólo después de que Rumanía imponga un "plan creíble" que permita reducir su déficit presupuestario del 7,2%, en 2009, al 6,8% en 2010.

El Estado, criticado por su ineficiencia y acusado de corrupción, emplea a un tercio de la fuerza laboral y un tercio del gasto.

Las pensiones, los salarios y otros beneficios sociales ocupan dos tercios de los gastos presupuestarios, cada vez más difícil de solventar.

Mientras tanto, y al margen de las manifestaciones, la Cámara de Diputados rumana aprobó ayer, con 203 votos favorables, 40 contrarios y 12 abstenciones, una norma que prohíbe a quienes estuvieron en cargos importantes durante el gobierno comunista a postularse o ser nominados para funciones públicas.

El proyecto de la ley, presentada en 2005 por cuatro legisladores liberales, había sido aprobado por el Senado en 2006.