MADRID ? El juez español Baltasar Garzón declaró ayer como imputado ante el Tribunal Supremo en Madrid, donde negó haber incurrido en prevaricato, tal como lo acusan dos organizaciones ultraderechistas en relación con su investigación sobre los crímenes de la dictadura franquista (1939-1975).

En medio de un gran despliegue policial y poco antes del mediodía, el juez fue recibido en las puertas de la Corte con aplausos y vítores por miembros de asociaciones de víctimas de la dictadura que pedían a gritos "Libertad para Garzón".

La indagatoria duró poco más de cuatro horas y, al retirarse, el magistrado no realizó declaraciones.

Fuentes cercanas al magistrado informaron que Garzón no respondió durante su comparecencia a ninguna de las 150 preguntas realizadas por los querellantes. Sólo respondió a las del juez instructor, a las del fiscal y a las de su propio abogado.

"Esto es una venganza miserable. Garzón es el único juez que ha investigado los crímenes del franquismo", manifestó uno de los simpatizantes del juez, según informa la agencia de noticias DPA.

También acudieron hasta el Tribunal Supremo algunos de los detractores de Garzón, favorables a la inhabilitación del juez español más conocido dentro y fuera del país.

Garzón alcanzó gran notoriedad internacional a finales de la década de los años 90 por encausar por crímenes de lesa humanidad al ex dictador chileno Augusto Pinochet o a los represores de la ex dictadura militar argentina.

La demanda que enfrenta y que podría costarle su puesto como juez, fue interpuesta por el pequeño sindicato ultraderechista Manos Limpias, contrario a las investigaciones sobre los crímenes contra la humanidad cometidos durante la Guerra Civil española (1936-1939) y la posterior dictadura franquista (1939-1975).

A esa querella se unió, después, otra asociación de ideología similar llamada Libertad e Identidad.

Según los demandantes, Garzón se declaró competente para investigar la desaparición de miles de personas durante la Guerra Civil y la dictadura, pese a que sabía que por ley no le correspondía hacerlo.

Si la demanda prospera, Garzón, de 53 años, podría ser inhabilitado o ser suspendido temporalmente como juez de la Audiencia Nacional, donde dirige el Juzgado Central de Instrucción número 5.

El sindicato Manos Limpias no cuenta con representación oficial en ningún centro de trabajo en España y está dirigido por Miguel Bernard, ex responsable del partido ultraderechista Fuerza Nueva, que se inspira precisamente en las ideas del franquismo.

En su procedimiento penal contra el franquismo, Garzón acusó al general Francisco Franco y a otros 44 ex altos funcionarios de su régimen, todos ellos ya fallecidos, de crímenes de lesa humanidad por la desaparición de más de 100.000 personas durante esa etapa de la historia de España.