La familia de uno de los 81 reclusos que fallecieron el miércoles en un incendio en una cárcel de Santiago de Chile presentó ayer la primera querella contra el Estado por la tragedia, mientras avanzan lentamente las labores de identificación de los cadáveres.

La acción legal fue presentada en el Undécimo Juzgado de Garantía de Santiago por el abogado Carlos Quezada y la madre de Diego Portugués, uno de los presos que falleció en el incendio que se desató en la Torre 5 de la cárcel de San Miguel, de Santiago, tras una pelea entre reos.

Diego Portugués, de 23 años, cumplía una condena de cinco años por el homicidio de un delincuente que había ingresado a su domicilio.

El joven es una de las víctimas cuyos restos aún no han sido identificados oficialmente por el Servicio Médico Legal.

Quezada interpuso la querella por los delitos de homicidio calificado y homicidio por omisión porque, explicó, Gendarmería (Servicio de prisiones) incumplió una orden judicial para trasladar a Portugués a otra cárcel y decidió internarlo en la de San Miguel, donde falleció.

"El Tribunal de Garantía ordenó su traslado a la Penitenciaría (otra prisión), pero Gendarmería nunca cumplió esa orden", dijo el letrado.

Por su parte, el fiscal jefe de la zona sur de Santiago, Alejandro Peña, sigue con la investigación del caso y ayer interrogó a algunos de los gendarmes de la cárcel de San Miguel.

En el Servicio Médico Legal (SML) avanzan con lentitud los trabajos para identificar a los 81 fallecidos, debido a que algunos cuerpos quedaron totalmente calcinados.

Hasta el momento se ha identificado a 31 cadáveres y 18 han sido entregados a sus familiares.

La identificación de los 50 fallecidos restantes será más dificultosa porque los cuerpos quedaron calcinados y en la mayoría de los casos será necesario realizar exámenes genéticos y de piezas dentales.

Por este motivo, el director del SML, Patricio Bustos, pidió a los familiares de los fallecidos que entreguen muestras odontológicas o radiografías de los reclusos y que donen sangre para las pruebas genéticas.

Las autoridades sanitarias informaron ayer que 3 de los 15 reclusos heridos siguen extremadamente graves y 14 de ellos están conectados a respiradores artificiales.

El subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo, explicó que todos los hospitalizados sufren problemas de asfixia por inhalación de humo y quemaduras de las vías respiratorias.

"Todos evolucionan estabilizados a pesar de que no han salido de su gravedad, pero están evolucionando estabilizados hasta el momento", indicó Castillo.

La mayor tragedia carcelaria ocurrida en Chile avivó el debate en torno a la mala situación de las prisiones, que en muchos casos albergan a más presos de los que permite su capacidad.

El presidente Sebastián Piñera aseguró ayer durante la entrega del informe "Situación de los Derechos Humanos en Chile 2010" que "la situación de hacinamiento es definitivamente inhumana y absolutamente lamentable".

Según ese informe, la sobrepoblación en las cárceles chilenas alcanza el 55 por ciento y 23 de los 101 centros penitenciarios del país acogen al doble de reclusos para los que fueron construidos. En la cárcel de San Miguel, por ejemplo, había 1.961 prisioneros cuando estalló el incendio, aunque las instalaciones eran para 1.100 reclusos.

La Iglesia católica insistió ayer en la idea de indultar a algunos presos para solucionar el problema de la superpoblación carcelaria, como propuso meses atrás, con motivo del bicentenario de la independencia chilena.

El Gobierno, sin embargo, rechazó esa posibilidad y consideró que no es la solución la hacinamiento en las cárceles.

"No pasa la solución del hacinamiento por un indulto cuando estamos hablando de 54.000 personas. En realidad estamos hablando que un indulto podría beneficiar a algunos pocos", dijo a radio Cooperativa el ministro chileno de Justicia, Felipe Bulnes.

Bulnes instó a adoptar "medidas audaces y creativas" para solucionar el tema, y añadió que se debería contar con "alternativas a la cárcel, de manera que encarcelar a una persona no sea la única respuesta que ofrezca el sistema penal".

Algunos parlamentarios de la opositora Concertación, en tanto, pidieron ayer la renuncia del ministro de Justicia y del director de Gendarmería, Luis Masferrer, por su responsabilidad política en lo sucedido en el penal de San Miguel.

"Por responsabilidad política el ministro de Justicia debiese renunciar", dijo el senador socialista Fulvio Rossi, en su cuenta personal de Twitter.

En tanto, los diputados socialistas Juan Luis Castro y Denise Pascal, junto al diputado democristiano Ricardo Rincón, pidieron la "renuncia inmediata" del director de Gendarmería.

Además, anunciaron que el próximo 14 de diciembre presentarán una solicitud para crear una comisión investigadora en la Cámara de Diputados donde se analicen "todos los antecedentes de lo ocurrido, antes, durante y después del incendio".

La CIDH pide una investigación

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) deploró ayer la muerte de 81 presos en un incendio que se registró el miércoles en una cárcel de Santiago de Chile, e instó al Estado a investigar estos hechos y evitar que se repitan.

"La CIDH deplora la muerte de internos en un incendio en la cárcel de San Miguel, en Santiago de Chile. La CIDH hace un llamado urgente al Estado para que adopte las medidas necesarias a fin de investigar debidamente estos hechos y evitar su repetición", dijo el organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA).

La CIDH instó al Estado chileno a tomar las medidas adecuadas para informar rápidamente y de forma precisa de la identidad de los internos que perdieron la vida en el incendio y de las circunstancias y causas específicas de su fallecimiento.

Asimismo, urgió al Estado a informar a los familiares de los internos heridos sobre su condición médica actual, y a proveer información oportuna a los familiares de internos que puedan ser trasladados a otras cárceles.

Por último, la CIDH exigió al Estado que informe sobre las medidas que se están tomando en la cárcel de San Miguel con posterioridad al incendio.

En la cárcel afectada había 861 presos más de los que permite su capacidad.

La Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad de la CIDH realizó una visita de trabajo a Chile en agosto de 2008.

En su comunicado recalcó que "en los centros de detención operados por el Estado se observó un alto nivel de hacinamiento pocas veces visto en la región, condiciones de insalubridad extrema que incluyen servicios precarios o deficientes de agua potable, alimentación, higiene y salud, así como pésimas condiciones de infraestructura y serias deficiencias o ausencia de verdaderos programas de readaptación social".

La CIDH compartió las expresiones del presidente de Chile, Sebastián Piñera, en cuanto a que lo ocurrido es una "tremenda y dolorosa tragedia" y que "el sistema carcelario es una vergüenza que nos afecta a todos".

La CIDH consideró que "el hacinamiento, además de constituir en sí mismo una forma de trato cruel, inhumano y degradante, es un factor de riesgo para la vida e integridad personal de las personas privadas de libertad en un determinado recinto".

Por eso, agregó, "es imperativo que las autoridades nacionales adopten todas aquellas medidas que sean necesarias para que los centros penales no alberguen más reclusos de los que pueden alojar de acuerdo con su capacidad real".

También reclama Naciones Unidas

La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, solicitó ayer al gobierno chileno que autorice a los organismos de derechos humanos del país a visitar las cárceles para determinar la situación de los presos.

"Más allá de los trágicos incidentes de ayer, lo que el gobierno chileno debe hacer ahora es dar 'carta blanca' a todas las instituciones de derechos humanos del país para que visiten las cárceles y vean en que estado se encuentran los presos, si se les respetan sus derechos y si cuentan con las necesidades básicas cubiertas", afirmó Pillay en rueda de prensa.

"Según tengo entendido, antes del incendio, los prisioneros estaban protestando sobre sus condiciones dentro de la cárcel, eso dice mucho de lo que sucede", agregó la Alta Comisionada.

Preguntada sobre la situación de las cárceles en el mundo, Pillay asumió que el hacinamiento es un problema global y explicó que trabaja de cerca con los relatores especiales sobre tortura y detenciones arbitrarias para que velen por los derechos de los presos.