MADRID, España (Télam, por Cecilia Guardati).- El juez Baltasar Garzón se encuentra a las puertas de su tercer juicio oral, después de que el jueves fue imputado por cohecho al supuestamente solicitar una financiación a bancos y empresas españolas para dictar unos cursos en Nueva York.

Esta causa, relacionada principalmente con el Banco Santander, es la denuncia más antigua contra Garzón, pero había sido desestimada varias veces.

El Tribunal Supremo, sin embargo, cambió de opinión en enero de 2010 y admitió la querella cuando el juez ya había sido demandado por abrir una investigación por los crímenes del franquismo y estaba instruyendo el caso de corrupción Gürtel, ligado al gobernante y derechista Partido Popular (PP).

El magistrado de la Sala Penal del Supremo Manuel Marchena, a cargo del caso, imputa ahora a Garzón un delito de cohecho impropio, es decir, haber recibido sobornos en razón a su cargo.

Según el magistrado, Garzón cometido cohecho al pedir personalmente y obtener de "importantes empresas y bancos españoles" un total de 1,2 millones de dólares para patrocinar las actividades que dirigió durante su estancia en la Universidad de Nueva York (UNY) en 2005 y 2006.

Este dinero, proveniente del Banco Santander, del BBVA y otras empresas como la petrolera Cespsa, la eléctrica Endesa y Telefónica, le fue entregado a Garzón "en atención a su condición de juez", según el instructor.

Marchena acusa además a Garzón de "mezclar su condición de autoridad jurisdiccional -pese a encontrarse disfrutando de una licencia de estudios-, con la de exitoso gestor de fondos".

Algunos de las empresas a las que le pidió dinero "habían sido testigos o imputados en procedimientos instruidos por el propio Garzón", añade.

Sin embargo, Garzón negó el 14 de diciembre ante el Tribunal Supremo haber solicitado patrocinio a estos bancos y empresas.

Los abogados que iniciaron la demanda, José Luis Mazón y Antonio Panea, acusan a Garzón de cohecho y prevaricato dictar a sabiendas una resolución injusta- por haber recibido dinero del presidente del Banco Santander, Emilio Botín, y poco después haber archivado una querella en su contra, cuando debía abstenerse.

Partidarios de Garzón afirman que la acusación responde a una vieja guerra que tiene como último objetivo a Botín y que comenzó en 1994 con el caso de malversación de fondos del Banesto, entidad que fue intervenida por el gobierno del socialista de Felipe González y que quedó en manos del Santander.

La querella que rechazó Garzón contra Botín estaba relacionada con este caso.

Pero el instructor sólo aprecia indicios de cohecho en relación al dinero recibido por Garzón, delito castigado con un pena de multa de tres a seis meses, según el Código Penal anterior a la reforma de 2010, que no es aplicable con retroactividad y que prevé una pena mayor.

La defensa y la fiscalía, que está en contra del procesamiento, tienen ahora un plazo de diez días para pedir el archivo de la causa.

El juez español más famoso y conocido mundialmente por haber perseguido a violadores de los derechos humanos, afronto en las últimas semanas dos juicios en el Tribunal Supremo español por prevaricato.

Diez días atrás se sentó por primera vez en el banquillo de los acusados para defenderse de un pedido de 17 años de inhabilitación por haber autorizado escuchas telefónicas, supuestamente ilegales, entre los principales imputados en la trama de corrupción y lavado de dinero Gürtel, ligada al gobernante Partido Popular (PP).

Regresó al tribunal el martes pasado para ser juzgado, en medio del asombro mundial, por haber abierto la primera y única investigación por los más de 160.000 desaparecidos del franquismo en el marco de "crímenes de lesa humanidad".

Numerosas personas en España, especialmente las víctimas del franquismo, partidos políticos de izquierda, así como organizaciones internacionales de derechos humanos ven una "intencionalidad política" en las tres causas abiertas contra Garzón.

Destacan que están todas relacionadas con empresarios poderosos, políticos corruptos y la derecha más reaccionaria, que defiende sus intereses desde las altas esferas del Estado.

Un grupo de intelectuales y actores, entre ellos Juan José Millás, Luis García Montero, José Sacristán, Juan Diego Botto, José Luis Gómez y la actriz Pilar Bardem, convocaron para el domingo una manifestación en Madrid para denunciar estos "juicios de la vergüenza" contra Garzón.